Provincial
La Cámara de Diputados dio media sanción a la ley contra la mora judicial

Este miércoles, la Cámara de Diputados de San Luis aprobó por mayoría -con 24 votos afirmativos y 13 negativos– una reforma al Código Procesal Civil y Comercial, con el objetivo de hacer más rápido y eficiente el funcionamiento de la justicia. El proyecto fue enviado a la Legislatura por el gobernador Claudio Poggi y ahora deberá ser tratado en el Senado para convertirse en ley.
La iniciativa pretende que las decisiones judiciales no se demoren más de la cuenta y que los plazos para dictar resoluciones empiecen a correr automáticamente, sin pasos intermedios innecesarios. Esta propuesta se complementa con la eliminación de la feria judicial, otra idea que impulsa el Gobierno provincial.
El proyecto fue elaborado luego de numerosas reuniones del Ejecutivo con autoridades del Colegio de Abogados de San Luis, Villa Mercedes, la tercera Circunscripción y el Colegio Forense. En los encuentros surgió una preocupación común por las demoras excesivas en la tramitación de causas judiciales y el incumplimiento de los plazos procesales por parte de los magistrados.
El diputado Christian Gurruchaga fundamentó el despacho por mayoría y explicó que la reforma se apoya en dos pilares fundamentales: el plazo razonable, que garantiza a toda persona el derecho a ser oída en un tiempo justo, y la celeridad procesal, que evita que los procesos se prolonguen y retarden el acceso a la justicia.
Otra modificación que busca el proyecto está relacionada con el uso de las denominadas “medidas para mejor proveer”, herramientas que los jueces utilizan para aclarar hechos del expediente. La nueva normativa permite que sean dictadas sólo una vez por instancia, con plazos acotados para su cumplimiento (15 días hábiles, prorrogables por única vez). Si estas medidas se usan sin relación directa con el esclarecimiento de los hechos y generan dilaciones injustificadas, podrán constituir causal de remoción del magistrado interviniente, conforme lo establece la Ley del Jurado de Enjuiciamiento.
Además, se modifica el artículo sobre Retardo de Justicia, fijando que, si un juez no puede cumplir con los plazos establecidos para dictar sentencia definitiva, deberá comunicarlo al Superior Tribunal de Justicia con al menos 10 días de anticipación. Este podrá otorgar una prórroga única de hasta 15 días. Si el juez no cumple, perderá automáticamente la jurisdicción del caso y el expediente será reasignado.
Provincial
El Instituto de Idiomas presenta la lectura de ‘El Paraíso’, tercer canto de ‘La Divina Comedia’

El curso ‘Lectura Dantis’ propuesto por el Instituto de Idiomas (IDI) se dicta los viernes de 15:00 a 17:00, comenzó en marzo y finalizará en diciembre. Está organizado de manera tripartita siguiendo los tres grandes cánticos: Infierno, Purgatorio y Paraíso.
‘El Paraíso’ es el tercer y más luminoso libro de ‘La Divina Comedia’ de Dante Alighieri. Dante, guiado por Beatriz, asciende a través de las nueve esferas celestiales, un camino de pura luz, conocimiento y amor divino.
La docente Devora Minnucci, quien está a cargo del curso junto con Stella Maris Robledo, detalló: “A medida que avancemos, exploraremos temas profundos como la fe, la rendición y la naturaleza del universo según la visión medieval. Descubriremos cómo el poeta alcanza la visión de Dios y encuentra la paz suprema”.
Para todos aquellos interesados, mayores de 16 años, que quieran formar parte de ‘Lectura Dantis’, una oportunidad única para disfrutar la belleza poética y la riqueza simbólica de una de las obras cumbres de la literatura universal, pueden inscribirse a través de la página del Instituto de Idiomas.
Provincial
Más de 2500 personas se inscribieron en el Congreso sobre Prevención del Suicidio

Con un gran número de inscriptos de todo el país y disertantes de primer nivel en la temática, este viernes y sábado se realizará el I Congreso Provincial sobre Prevención del Suicidio: Estado y Comunidad y el III Congreso Nacional sobre intervención en suicidio y comportamientos autodestructivos.
El evento está dirigido a públicos específicos según la temática, también a la comunidad en general y será transmitido en vivo vía streaming. Para participar en cualquiera de las modalidades es necesario inscribirse y completar el formulario en la web del Gobierno de la Provincia, en la que también se puede consultar el programa y el horario de cada actividad.
Hasta este martes, la cantidad de inscriptos es de 2.570 de los cuales 980 corresponden a la modalidad presencial y 1.590 a la virtual. La organización informó que para las actividades previstas el viernes en la sala 1 dirigidas a profesionales de la salud y educación y dirigentes de ONG vinculadas a la temática, el cupo presencial ya está cubierto y aún queda espacio en la sala 2 en la actividad pensada para el colectivo LGBT y en la dirigida a alumnos universitarios de la facultad de Ciencias Humanas.
En lo que al sábado respecta, indicaron que aún hay cupos presenciales disponibles en todas las charlas de esta jornada y que están dirigidas a personal de Fuerzas de Seguridad, Bomberos, medios de comunicación, municipios y comunidad religiosa.
Provincial
Narcotest: de las 1.131 pruebas realizadas, apenas cuatro dieron positivo por consumos ilegales

Este martes, el secretario de Ética Pública, Ricardo Bazla en conferencia de prensa brindó detalles sobre la aplicación de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia, más conocida como Ley de Narcotest. Comentó que actualmente en el laboratorio de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) realizaron 1.131 análisis toxicológicos a funcionarios de los tres Poderes Ejecutivos, de las cuales apenas cuatro dieron positivo por consumo de drogas ilegales.
“Fueron 1.131 análisis sobre un universo de 1.716 funcionarios que comprenden los tres poderes de la provincia, incluidos los órganos extrapoder como el Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo. Sobre ese total ya resuelto, tenemos un porcentaje del 3,5 cada mil de casos positivos. En total son cuatro casos positivos respecto al consumo de drogas ilegales de cocaína y marihuana, dos en cada caso”, aseguró Bazla.
El funcionario comentó que, de acuerdo a la ley, esas personas tienen el derecho a pedir una contraprueba que es solicitada en la Universidad de Buenos Aires a través de un convenio con la UNSL. También son amparados por la Ley Nacional de Protección de Datos Personales, lo que impide divulgar la identidad de los involucrados. “Siempre el costo, tratándose de funcionarios públicos, es a cargo de cada uno. En este momento es de $25.000, el año próximo va a ser de $27.500 pesos y la contraprueba está en el orden de los $140.000 en el caso que así lo solicite”, explicó.