La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a prorrogar la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del 2025, por lo que los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 30 de octubre de 2026 para realizar el trámite.

La medida implementada este jueves mediante la Resolución General 5911/2026, publicada en el Boletín Oficial, responde a “razones de administración tributaria” que buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

En este sentido, el Gobierno también adujo que la nueva postergación del vencimiento se da tras la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal II, “cuyas previsiones impactan en la liquidación del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2025”.

La prórroga es la cuarta que establece el organismo en el actual periodo fiscal. El vencimiento original había sido extendido en primera instancia hasta el 27 de julio de 2026 y después fue ampliado hasta el 22 de septiembre y más tarde hasta el 13 de octubre.    

La nueva extensión del plazo para presentar la declaración jurada no afecta la fecha del vencimiento del pago que tuvo lugar a finales de julio. De esta forma, se mantiene la disociación de las fechas de vencimiento que se había producido en las prórrogas anteriores.

La normativa determina que las obligaciones de las personas humanas y sucesiones indivisas, tanto del régimen general como del simplificado, podrán cumplirse excepcionalmente en las siguientes fechas:

• Presentación de la declaración jurada de Ganancias 2025: se extendió el plazo hasta el 30 de octubre de 2026.
• Pago del saldo resultante: se mantiene sin cambios para el 27 de julio de 2026.

Asimismo, el organismo tributario decidió no volver a prorrogar el ingreso del primer anticipo del Impuesto a las Ganancias para el período fiscal 2026, que había sido pospuesto a fines de agosto pasado. De esta forma, la obligación para personas humanas y sucesiones indivisas venció el 24 de septiembre pasado.

Fuente: NA

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional, universidades y docentes, y a la demanda de la Universidad de Buenos Aires. El juez Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto 759/2025 en el tramo que condicionaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la existencia de partidas presupuestarias concretas, mecanismo que el magistrado calificó como un “mecanismo extraconstitucional” de bloqueo no contemplado en la Constitución Nacional.

En concreto, el Gobierno había atado la ejecución de la ley al artículo 5° de la Ley de Administración Financiera, que establece que toda norma que disponga gastos queda suspendida hasta que se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto. El fallo desactiva ese freno y ordena al Ejecutivo dictar las normas reglamentarias y ejecutorias para garantizar el cumplimiento inmediato de la ley. Cormick también señaló que el artículo 9° de la propia norma brindaba criterios suficientes para que el Ejecutivo redistribuyera los recursos necesarios.

Entre los argumentos del fallo, el juez recordó que ya existía una medida cautelar que ordenaba cumplir los artículos referidos a salarios y becas, y citó una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso según la cual el costo de implementar la ley en 2025 equivale al 0,23% del PBI. La resolución es de primera instancia.

La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario establece que el Poder Ejecutivo debe garantizar partidas para el ingreso, la permanencia y la graduación de estudiantes, además de actualizar los salarios docentes según la variación del Índice de Precios al Consumidor e incorporar sumas no remunerativas y no bonificables a los básicos.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el de Hacienda, Carlos Guberman, firmaron una medida que amplía una canasta de tres bonos en pesos capitalizables para cancelar obligaciones pendientes con empresas constructoras. Los títulos tienen vencimientos entre octubre de 2026 y abril de 2027, y al ser capitalizables no generan impacto directo en el gasto ni en el resultado fiscal.

La deuda que se busca saldar corresponde a certificados de obra, acopio de materiales y redeterminaciones de precios del período enero de 2022 a diciembre de 2025, más contratos de obra pública extinguidos desde 2024. La operatoria se enmarca en el Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública, establecido en julio por la Secretaría de Coordinación de Infraestructura.

La canasta se distribuye en tres instrumentos: un 33% en una Lecap con vencimiento el 30 de octubre, por hasta $60.000 millones; otro 33% en una Boncap al 15 de enero de 2027, por hasta $51.000 millones; y el 34% restante en una Boncap al 30 de abril de 2027, por hasta $60.000 millones. Los tres títulos habían sido emitidos originalmente durante 2025 y ahora se amplían para cubrir estas obligaciones.

Desde el sector privado, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) calificó el monto como “exiguo”. Relevamientos preliminares de la entidad entre sus socios estiman que la deuda total por certificados de obra podría alcanzar los $400.000 millones. No es la primera vez que el Gobierno recurre a este mecanismo: en mayo de 2024 utilizó una fórmula similar con generadoras eléctricas y productores de gas, mediante un bono en dólares a 2038 con quita del 50%.