El secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el de Hacienda, Carlos Guberman, firmaron una medida que amplía una canasta de tres bonos en pesos capitalizables para cancelar obligaciones pendientes con empresas constructoras. Los títulos tienen vencimientos entre octubre de 2026 y abril de 2027, y al ser capitalizables no generan impacto directo en el gasto ni en el resultado fiscal.

La deuda que se busca saldar corresponde a certificados de obra, acopio de materiales y redeterminaciones de precios del período enero de 2022 a diciembre de 2025, más contratos de obra pública extinguidos desde 2024. La operatoria se enmarca en el Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública, establecido en julio por la Secretaría de Coordinación de Infraestructura.

La canasta se distribuye en tres instrumentos: un 33% en una Lecap con vencimiento el 30 de octubre, por hasta $60.000 millones; otro 33% en una Boncap al 15 de enero de 2027, por hasta $51.000 millones; y el 34% restante en una Boncap al 30 de abril de 2027, por hasta $60.000 millones. Los tres títulos habían sido emitidos originalmente durante 2025 y ahora se amplían para cubrir estas obligaciones.

Desde el sector privado, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) calificó el monto como “exiguo”. Relevamientos preliminares de la entidad entre sus socios estiman que la deuda total por certificados de obra podría alcanzar los $400.000 millones. No es la primera vez que el Gobierno recurre a este mecanismo: en mayo de 2024 utilizó una fórmula similar con generadoras eléctricas y productores de gas, mediante un bono en dólares a 2038 con quita del 50%.

El Poder Ejecutivo remitirá en los próximos días al Congreso un proyecto de ley para reformar el mercado de capitales. La iniciativa apunta a simplificar la regulación vigente, ampliar los instrumentos disponibles, fortalecer las garantías y facilitar el acceso al financiamiento. El anuncio lo realizó el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, durante la inauguración de la Semana del Inversor, organizada en la Cámara de Comercio, donde también estuvieron presentes el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, directores del Banco Central y referentes del sistema financiero.

Según explicó Sturzenegger, el proyecto fue elaborado en conjunto con la CNV y el Banco Central, e introducirá modificaciones en distintos regímenes que actualmente regulan el mercado de capitales. El ministro describió dos ejes centrales: la simplificación y desregulación —con mayor libertad en los bienes que pueden prendarse, los instrumentos disponibles y la forma de estructurar contratos— y el fortalecimiento de las garantías para ampliar las alternativas de financiamiento y reducir costos.

En su exposición, Sturzenegger señaló que la Argentina dispone de un volumen significativo de ahorro en el exterior, que estimó en 300.000 millones de dólares, y que en condiciones adecuadas podría canalizarse hacia el mercado local. Afirmó que el país ya resolvió las restricciones fiscal y externa, y destacó el potencial de crecimiento de las exportaciones como factor favorable para el desarrollo del mercado de capitales.

El ministro también realizó una referencia política al sostener que, con la reelección del presidente Javier Milei el año próximo, se resolvería lo que denominó la restricción política. En ese marco, planteó que al mercado de capitales actual ya se le están creando las bases para su consolidación y expansión.

El Gobierno nacional canceló el proyecto Atucha III, que iba a ser la cuarta central nuclear del país e impulsado por la administración anterior con tecnología y financiamiento mayoritario de China. La decisión se formalizó en una asamblea de accionistas de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) realizada el 23 de septiembre.

En esa misma reunión, los accionistas dejaron sin efecto los proyectos Candu y Hualong, encomendados a la empresa en junio de 2021, argumentando “falta de asignación de recursos económicos e imposibilidad material de cumplimiento”, en el marco de la emergencia pública establecida por la Ley 27.742.

En paralelo, la asamblea declaró de “interés empresarial” una licitación pública para instalar un reactor financiado íntegramente por capitales privados sobre 12 hectáreas del predio reservado para la central. El esquema prevé otorgar un derecho real de superficie sobre esa porción del terreno, con la posibilidad de que Nucleoeléctrica quede a cargo de la operación y el mantenimiento de la planta.

El monto y las características del proyecto coinciden con el reactor modular ACR-300 de Meitner Energy, presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, como una inversión vinculada al denominado Super RIGI. La autorización para licitar, no obstante, no implica aún una adjudicación.