El Senado aprobó por 41 votos a favor y 25 en contra un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles. La ley eleva el corte de biodiésel en gasoil del 7,5% al 10% y el de bioetanol en naftas del 12% al 15%. Además, establece un sistema de subastas en un mercado único y transparente operado por un organismo independiente, y habilita a las empresas exportadoras a participar del mercado interno de biodiésel con una transición gradual hasta 2036.

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que agrupa a más de 60 cámaras del sector, calificó la aprobación como un paso “fundamental” para el desarrollo sustentable y la transición energética. Según estimaciones de la entidad, la plena implementación de la ley atraería inversiones privadas superiores a los 1.000 millones de dólares, generaría empleo directo e indirecto y permitiría ahorrar divisas al sustituir importaciones de combustibles fósiles. En la misma línea, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) destacó que la norma promueve la libre competencia y proyecta futuras inversiones.

En sentido opuesto, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) rechazó la iniciativa y la calificó de “discriminatoria”, advirtiendo que condena al sector a la quiebra. La norma deberá pasar ahora por la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

El Senado sancionó el proyecto de Inocencia Fiscal II con 44 votos a favor, aportados por el oficialismo y los bloques de oposición dialoguista, y 23 en contra, todos del bloque kirchnerista. La iniciativa había sido aprobada por la Cámara de Diputados a fines de agosto y es impulsada por el Poder Ejecutivo. Entre las modificaciones incorporadas en Diputados figura la prohibición expresa de que funcionarios públicos puedan acceder al régimen simplificado de Ganancias.

El jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans, cuestionó la norma y sostuvo que está pensada para beneficiar al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, quien enfrenta una investigación judicial por enriquecimiento ilícito. “Esta es la ley Adorni, es para la hermana, para el Presidente; esta ley es para los que evadieron”, afirmó el senador formoseño, y agregó que la aprobación acelerada de la ley buscaría favorecer al exfuncionario.

La jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, rechazó esas acusaciones y defendió la iniciativa al describirla como un sistema que distingue el fraude de los errores formales en las declaraciones juradas. Además, insistió en que ni el Presidente ni ningún funcionario ni los propios legisladores podrán hacer uso del mecanismo.

En paralelo, la sesión también tenía previsto el debate de un proyecto de modificación al régimen de biocombustibles, aunque persisten dudas sobre si el oficialismo cuenta con los votos suficientes para aprobarlo, lo que pone en riesgo su tratamiento.

El Poder Ejecutivo nacional envió al Congreso un proyecto de ley que apunta a recrudecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en el entorno de las Islas Malvinas sin autorización del Estado argentino. La iniciativa no se limita al sector hidrocarburífero: alcanza a toda actividad vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, renovables o no, que se desarrolle sin la correspondiente habilitación de una autoridad argentina.

El régimen sancionatorio prevé multas que van de 4.000 a 500.000 unidades, suspensión o cancelación de habilitaciones e inhabilitación de entre cinco y veinte años para empresas y personas jurídicas. En los casos más graves —prospección o exploración de recursos no renovables en el lecho o subsuelo del mar territorial argentino o en la Plataforma Continental— las penas de prisión pueden llegar a los 20 años.

El proyecto también crea el Sistema de Seguridad Nacional, un marco institucional destinado a articular las funciones estatales en materia diplomática, económica, cibernética, de defensa, jurídica y de inteligencia. Como órgano rector de ese sistema se establece un Consejo de Seguridad Nacional, cuya existencia había sido anticipada por el propio presidente Javier Milei.

El Consejo estará presidido por el Presidente de la Nación e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la titular de la Secretaría Legal y Técnica.