El Gobierno argentino presentó el proyecto de presupuesto para 2027 con una proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto del 4 por ciento. Las cifras también contemplan una inflación promedio del 21,1 por ciento y un incremento del salario promedio del 25,4 por ciento, según informó la Presidencia en un comunicado oficial.

Las proyecciones fueron expuestas por el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de una reunión de funcionarios del Ejecutivo denominada “Mesa Política”, celebrada en la Casa Rosada. En ese encuentro también se analizó la agenda legislativa y el tratamiento de distintos proyectos en el Congreso.

En materia fiscal, el presupuesto prevé un resultado positivo para 2027 incluyendo el pago de compromisos financieros, lo que implicaría cuatro años consecutivos de superávit financiero de cumplirse las previsiones oficiales. En comercio exterior, se proyectan exportaciones de bienes y servicios por más de 130.000 millones de dólares y un saldo comercial favorable superior a los 15.000 millones de dólares.

El proyecto estima además un tipo de cambio promedio anual de 1.728 pesos por dólar, cifra que el Gobierno aclaró que no constituye una predicción sobre la evolución de la moneda, sino que surge de un cálculo basado en el tipo de cambio actual y la inflación estimada.

La provincia de La Pampa presentó una acción judicial para que se mantenga de manera provisoria el esquema anterior de distribución de regalías hidroeléctricas del complejo Los Nihuiles, hasta que la cuestión de fondo sea resuelta. Para la provincia, el decreto recientemente derogado por el Poder Ejecutivo Nacional no solo implica una pérdida de recursos sino que modifica de forma unilateral derechos con respaldo jurídico.

El argumento central del reclamo pampeano es que su derecho a percibir regalías no surge únicamente del decreto derogado, sino también de un convenio firmado en 1992 entre el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa, que fue homologado por la propia Corte Suprema de Justicia. Según sostiene la provincia, ese acuerdo generó obligaciones concretas entre las partes respecto del pago de regalías hidroeléctricas, que ninguna de ellas podría modificar de manera unilateral. La presentación remarca además que el Estado Nacional participó de aquel convenio como parte firmante, no como autoridad superior.

La Pampa denuncia un “avasallamiento de las autonomías provinciales” y señala que la medida vulnera principios de buena fe, seguridad jurídica y federalismo de concertación. También advierte que la decisión genera un perjuicio patrimonial directo, al eliminar un ingreso que la provincia percibió durante décadas bajo el régimen anterior.

El gobernador Ziliotto cuestionó públicamente la decisión y amplió el conflicto al marco del histórico diferendo por el río Atuel, vinculando la derogación del decreto con lo que calificó como una nueva afrenta a los derechos provinciales.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional registró en agosto un avance del 1,7%, el menor ritmo de suba desde junio de 2025. Sin embargo, el comportamiento fue dispar en el interior del país: de las diez provincias que cuentan con medición propia, seis superaron ese porcentaje, según un informe de la consultora Politikon Chaco.

Neuquén encabezó las subas provinciales con un 2,3%, seguida por Río Negro con 2,1% y Chaco con 1,9%. Santa Fe, Tucumán y Córdoba también quedaron por encima del promedio nacional, con incrementos del 1,8% en cada caso. Los aumentos en tarifas y educación fueron los principales factores que traccionaron los precios en el interior.

Ciudad de Buenos Aires, Jujuy y San Luis igualaron el dato nacional con 1,7%. Mendoza fue la única provincia que se ubicó por debajo del promedio, cerrando agosto con una suba del 1,5%.

El informe también retoma las críticas al sistema de medición del INDEC. La consultora Equilibra sostuvo que, de aplicarse criterios distintos, el índice nacional habría arrojado un número mayor para el mes de agosto.