El Poder Ejecutivo nacional envió al Congreso un proyecto de ley que apunta a recrudecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en el entorno de las Islas Malvinas sin autorización del Estado argentino. La iniciativa no se limita al sector hidrocarburífero: alcanza a toda actividad vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, renovables o no, que se desarrolle sin la correspondiente habilitación de una autoridad argentina.

El régimen sancionatorio prevé multas que van de 4.000 a 500.000 unidades, suspensión o cancelación de habilitaciones e inhabilitación de entre cinco y veinte años para empresas y personas jurídicas. En los casos más graves —prospección o exploración de recursos no renovables en el lecho o subsuelo del mar territorial argentino o en la Plataforma Continental— las penas de prisión pueden llegar a los 20 años.

El proyecto también crea el Sistema de Seguridad Nacional, un marco institucional destinado a articular las funciones estatales en materia diplomática, económica, cibernética, de defensa, jurídica y de inteligencia. Como órgano rector de ese sistema se establece un Consejo de Seguridad Nacional, cuya existencia había sido anticipada por el propio presidente Javier Milei.

El Consejo estará presidido por el Presidente de la Nación e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la titular de la Secretaría Legal y Técnica.

El Gobierno argentino presentó el proyecto de presupuesto para 2027 con una proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto del 4 por ciento. Las cifras también contemplan una inflación promedio del 21,1 por ciento y un incremento del salario promedio del 25,4 por ciento, según informó la Presidencia en un comunicado oficial.

Las proyecciones fueron expuestas por el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de una reunión de funcionarios del Ejecutivo denominada “Mesa Política”, celebrada en la Casa Rosada. En ese encuentro también se analizó la agenda legislativa y el tratamiento de distintos proyectos en el Congreso.

En materia fiscal, el presupuesto prevé un resultado positivo para 2027 incluyendo el pago de compromisos financieros, lo que implicaría cuatro años consecutivos de superávit financiero de cumplirse las previsiones oficiales. En comercio exterior, se proyectan exportaciones de bienes y servicios por más de 130.000 millones de dólares y un saldo comercial favorable superior a los 15.000 millones de dólares.

El proyecto estima además un tipo de cambio promedio anual de 1.728 pesos por dólar, cifra que el Gobierno aclaró que no constituye una predicción sobre la evolución de la moneda, sino que surge de un cálculo basado en el tipo de cambio actual y la inflación estimada.

La provincia de La Pampa presentó una acción judicial para que se mantenga de manera provisoria el esquema anterior de distribución de regalías hidroeléctricas del complejo Los Nihuiles, hasta que la cuestión de fondo sea resuelta. Para la provincia, el decreto recientemente derogado por el Poder Ejecutivo Nacional no solo implica una pérdida de recursos sino que modifica de forma unilateral derechos con respaldo jurídico.

El argumento central del reclamo pampeano es que su derecho a percibir regalías no surge únicamente del decreto derogado, sino también de un convenio firmado en 1992 entre el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa, que fue homologado por la propia Corte Suprema de Justicia. Según sostiene la provincia, ese acuerdo generó obligaciones concretas entre las partes respecto del pago de regalías hidroeléctricas, que ninguna de ellas podría modificar de manera unilateral. La presentación remarca además que el Estado Nacional participó de aquel convenio como parte firmante, no como autoridad superior.

La Pampa denuncia un “avasallamiento de las autonomías provinciales” y señala que la medida vulnera principios de buena fe, seguridad jurídica y federalismo de concertación. También advierte que la decisión genera un perjuicio patrimonial directo, al eliminar un ingreso que la provincia percibió durante décadas bajo el régimen anterior.

El gobernador Ziliotto cuestionó públicamente la decisión y amplió el conflicto al marco del histórico diferendo por el río Atuel, vinculando la derogación del decreto con lo que calificó como una nueva afrenta a los derechos provinciales.