En Las Lomitas, Formosa, el intendente Pablo Basualdo instaló carpas con servicios estatales en un salón municipal que funciona como búnker libertario. El espacio está decorado con fotos del presidente Milei, del propio intendente y de su padre, el diputado nacional Atilio Basualdo, y fue pintado de violeta, el color adoptado por la agrupación. También se distribuyó folletería con el lema “En Formosa es tiempo de libertad” y el logo del Ministerio de Capital Humano, aunque sin los colores institucionales habituales del organismo.

La polémica gira en torno al uso de recursos estatales en un espacio cargado de iconografía partidaria, una práctica que el propio mileísmo criticó durante la gestión kirchnerista. Si bien el traslado de oficinas móviles del Estado al interior del país es habitual, por cuestiones de ética pública se realiza en lugares sin decoración de partido alguno.

Según pudo confirmar el medio que relevó el caso, el salón en cuestión es de propiedad municipal, pero fue transformado en local partidario por Atilio Basualdo —padre del actual intendente— durante su campaña a constituyente, con la fachada ploteada con imágenes de Milei, de él mismo y de su hijo. El edificio tiene una ubicación estratégica: está contiguo a la Municipalidad de Las Lomitas y al Banco de Formosa, dos puntos de alta circulación en la localidad. En sus ventanales se leen leyendas como “En Formosa la elección es simple: Dictadura o Libertad”.

El Senado aprobó por 41 votos a favor y 25 en contra un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles. La ley eleva el corte de biodiésel en gasoil del 7,5% al 10% y el de bioetanol en naftas del 12% al 15%. Además, establece un sistema de subastas en un mercado único y transparente operado por un organismo independiente, y habilita a las empresas exportadoras a participar del mercado interno de biodiésel con una transición gradual hasta 2036.

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que agrupa a más de 60 cámaras del sector, calificó la aprobación como un paso “fundamental” para el desarrollo sustentable y la transición energética. Según estimaciones de la entidad, la plena implementación de la ley atraería inversiones privadas superiores a los 1.000 millones de dólares, generaría empleo directo e indirecto y permitiría ahorrar divisas al sustituir importaciones de combustibles fósiles. En la misma línea, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) destacó que la norma promueve la libre competencia y proyecta futuras inversiones.

En sentido opuesto, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) rechazó la iniciativa y la calificó de “discriminatoria”, advirtiendo que condena al sector a la quiebra. La norma deberá pasar ahora por la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

El Senado sancionó el proyecto de Inocencia Fiscal II con 44 votos a favor, aportados por el oficialismo y los bloques de oposición dialoguista, y 23 en contra, todos del bloque kirchnerista. La iniciativa había sido aprobada por la Cámara de Diputados a fines de agosto y es impulsada por el Poder Ejecutivo. Entre las modificaciones incorporadas en Diputados figura la prohibición expresa de que funcionarios públicos puedan acceder al régimen simplificado de Ganancias.

El jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans, cuestionó la norma y sostuvo que está pensada para beneficiar al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, quien enfrenta una investigación judicial por enriquecimiento ilícito. “Esta es la ley Adorni, es para la hermana, para el Presidente; esta ley es para los que evadieron”, afirmó el senador formoseño, y agregó que la aprobación acelerada de la ley buscaría favorecer al exfuncionario.

La jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, rechazó esas acusaciones y defendió la iniciativa al describirla como un sistema que distingue el fraude de los errores formales en las declaraciones juradas. Además, insistió en que ni el Presidente ni ningún funcionario ni los propios legisladores podrán hacer uso del mecanismo.

En paralelo, la sesión también tenía previsto el debate de un proyecto de modificación al régimen de biocombustibles, aunque persisten dudas sobre si el oficialismo cuenta con los votos suficientes para aprobarlo, lo que pone en riesgo su tratamiento.