La delegación argentina ante el Tribunal del Mar, encabezada por la secretaria Legal y Técnica María Ibarzábal, solicitó la suspensión de las actividades petroleras del proyecto Sea Lion en la cuenca norte de las islas Malvinas. La presentación estuvo a cargo de la consejería legal internacional de la Cancillería, que lidera Mario Oyarzábal. Los representantes argentinos argumentaron que existe una controversia de soberanía vigente y que, por lo tanto, la explotación de recursos naturales en esa zona no tiene sustento legal.

Además de la suspensión, Argentina pidió que las empresas involucradas —Rockhopper, de Gran Bretaña, y Navitas, de Israel— no utilicen la información obtenida durante la etapa de exploración, que se proteja el medio marino y que se le impida al Reino Unido tomar medidas que agraven el conflicto. Ibarzábal subrayó el carácter irreversible de la extracción de hidrocarburos, mientras que Oyarzábal advirtió que el plan de contingencia de una de las compañías contempla la posibilidad de que un derrame alcance aguas argentinas no disputadas en un plazo de 30 días, lo que obligaría al país a afrontar consecuencias de una actividad que no autorizó.

Tras un intervalo de dos horas, la delegación británica rechazó los argumentos argentinos. La procuradora general para Inglaterra y Gales, Elie Reeves, sostuvo que las medidas solicitadas por Argentina tendrían consecuencias devastadoras para la economía de las islas y serían perjudiciales para las empresas involucradas. Reeves defendió la explotación de recursos como expresión del derecho a la libre determinación de la población de Malvinas y afirmó que el gobierno argentino ignora ese derecho. Para el martes estaba prevista una nueva exposición ante el tribunal.

La calificadora S&P Global Ratings mejoró el perfil crediticio individual de Neuquén a “b+”, respaldada por el fortalecimiento de sus finanzas, la flexibilidad presupuestaria y la capacidad de la provincia para absorber la volatilidad macroeconómica del país. Entre los factores destacados figura el récord de producción petrolera del distrito patagónico.

Con esta suba, Neuquén se posiciona como la segunda provincia con mejor perfil individual entre las jurisdicciones argentinas evaluadas por la agencia, por encima de Mendoza (“b”), Entre Ríos y Salta (“b-“), y por detrás únicamente de la Ciudad de Buenos Aires, que lidera el ranking con un perfil de “bb”. En la escala nacional, S&P elevó además la calificación de CABA de “raAA+” a “raAAA”, la nota más alta posible en el país.

Al mismo tiempo, S&P ratificó la calificación crediticia de emisor de largo plazo de Neuquén en “B-” con perspectiva estable. La diferencia entre el perfil individual y esta nota responde a criterios metodológicos: varias provincias encuentran un techo determinado por la propia calificación del Gobierno nacional.

En los puestos siguientes del ranking, Río Negro y la provincia de Buenos Aires comparten un perfil individual de “ccc+” con perspectiva revisada a positiva, mientras que Jujuy cuenta con una calificación de emisor de “CCC” pese a mantener un perfil individual de “b-“. Córdoba, en tanto, no figura en la tabla: S&P retiró su calificación a pedido de la propia provincia en agosto de 2022, cuando tenía una nota de “CCC+”.

Cerrar una operación industrial de manera ordenada implica costos que van más allá de las indemnizaciones legales. A las desvinculaciones del personal se suman acuerdos para completar la producción, contratos comerciales vigentes y obligaciones que continúan incluso después del cese de actividades. Además, el monto de las compensaciones laborales depende de los salarios y la antigüedad de cada trabajador, por lo que dos plantas con igual dotación pueden enfrentar costos muy distintos.

Otro factor que complica los cierres es la necesidad de mantener la producción tras el anuncio. La incertidumbre suele acelerar la búsqueda de nuevos empleos por parte de los trabajadores y puede incrementar el ausentismo, mientras que postergar la comunicación expone a la empresa al riesgo de filtraciones entre quienes participan de la planificación.

Desde el sector autopartista, empresarios reconocen que una operación puede mejorar su productividad pero no compensar indefinidamente las desventajas del entorno. Al mismo tiempo, advierten que el contexto macroeconómico no explica todos los resultados: las decisiones del management también inciden. Un proveedor de dos terminales pone en duda las promesas de volumen que acompañan nuevos proyectos, señalando que no siempre queda claro cómo se alcanzarán las metas de ventas proyectadas.

El debate de fondo apunta a la distancia entre la inversión industrial y la capacidad real del negocio para sostenerla. Desde el sector plantean que una apertura sin transición puede destruir capacidades acumuladas, mientras que una protección sin exigencias puede preservar ineficiencias. La discusión combina reducción de la presión tributaria y simplificación regulatoria con mejoras en productividad, calidad y ejecución empresarial.