El dirigente opositor israelí Gadi Eisenkot se comprometió a conformar un gobierno de emergencia nacional con el objetivo de poner fin al mandato del primer ministro Benjamin Netanyahu. El anuncio se realizó durante la primera sesión de la nueva legislatura, en un contexto de marcada fragmentación parlamentaria.

El bloque liderado por Netanyahu obtuvo 53 de los 120 escaños de la Knesset, mientras que las fuerzas que respaldan a Eisenkot reunieron 48 bancas. Los partidos árabes lograron 19 escaños, una cifra récord que podría resultar determinante para desplazar al actual primer ministro, aunque su eventual incorporación a una coalición opositora genera tensiones internas en ese espacio.

En paralelo a las negociaciones, Eisenkot anunció un acuerdo con sus principales aliados del Bloque del Cambio y la Reparación —Naftali Bennett, Yair Golan, Avigdor Liberman y Yair Lapid— orientado a distribuir los cargos centrales de la nueva Knesset. Entre los acuerdos alcanzados, Matan Kahana fue propuesto para presidir el Parlamento, mientras que Roi Folkman encabezaría la Comisión de Reglamento.

Avigdor Liberman, exministro de Defensa y líder de Israel Beitenu, fue designado candidato para presidir la Comisión de Asuntos Exteriores y Seguridad. Liran Avishar Ben-Horin, del partido Beyachad, fue propuesta para dirigir la Comisión de Finanzas. Eisenkot cuenta con seis semanas para reunir los apoyos necesarios y consolidar una coalición de gobierno.

La delegación argentina ante el Tribunal del Mar, encabezada por la secretaria Legal y Técnica María Ibarzábal, solicitó la suspensión de las actividades petroleras del proyecto Sea Lion en la cuenca norte de las islas Malvinas. La presentación estuvo a cargo de la consejería legal internacional de la Cancillería, que lidera Mario Oyarzábal. Los representantes argentinos argumentaron que existe una controversia de soberanía vigente y que, por lo tanto, la explotación de recursos naturales en esa zona no tiene sustento legal.

Además de la suspensión, Argentina pidió que las empresas involucradas —Rockhopper, de Gran Bretaña, y Navitas, de Israel— no utilicen la información obtenida durante la etapa de exploración, que se proteja el medio marino y que se le impida al Reino Unido tomar medidas que agraven el conflicto. Ibarzábal subrayó el carácter irreversible de la extracción de hidrocarburos, mientras que Oyarzábal advirtió que el plan de contingencia de una de las compañías contempla la posibilidad de que un derrame alcance aguas argentinas no disputadas en un plazo de 30 días, lo que obligaría al país a afrontar consecuencias de una actividad que no autorizó.

Tras un intervalo de dos horas, la delegación británica rechazó los argumentos argentinos. La procuradora general para Inglaterra y Gales, Elie Reeves, sostuvo que las medidas solicitadas por Argentina tendrían consecuencias devastadoras para la economía de las islas y serían perjudiciales para las empresas involucradas. Reeves defendió la explotación de recursos como expresión del derecho a la libre determinación de la población de Malvinas y afirmó que el gobierno argentino ignora ese derecho. Para el martes estaba prevista una nueva exposición ante el tribunal.

Los maquinistas ferroviarios de España llevaron adelante una huelga este martes en reclamo de mayor inversión en mantenimiento y seguridad, tras dos accidentes ocurridos durante el año en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla que dejaron un total de 115 muertos. La medida de fuerza, convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), afectó a más de 4.000 pasajeros en todo el país.

Según informó la empresa ferroviaria estatal Renfe, cerca del 40% de los servicios de larga y media distancia fueron cancelados, impactando directamente a 4.042 pasajeros. En las principales ciudades, los cortes fueron más severos: el 90% del servicio de cercanías de Madrid quedó suspendido, mientras que en Barcelona se canceló el 50% del servicio local. En Leganés, próxima a Madrid, los viajeros debieron recurrir a autobuses para trasladarse al centro, con al menos cinco líneas sin funcionar y otras tres con servicio parcial.

El contexto político también se vio sacudido por los siniestros. El presidente Pedro Sánchez designó la semana pasada a Carlos Cuerpo, hasta entonces adjunto del ministerio, para conducir provisionalmente el Ministerio de Transportes, luego de que Oscar Puente presentara su renuncia tras los dos accidentes registrados en la misma línea ferroviaria durante el año.