El Senado sancionó el proyecto de Inocencia Fiscal II con 44 votos a favor, aportados por el oficialismo y los bloques de oposición dialoguista, y 23 en contra, todos del bloque kirchnerista. La iniciativa había sido aprobada por la Cámara de Diputados a fines de agosto y es impulsada por el Poder Ejecutivo. Entre las modificaciones incorporadas en Diputados figura la prohibición expresa de que funcionarios públicos puedan acceder al régimen simplificado de Ganancias.

El jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans, cuestionó la norma y sostuvo que está pensada para beneficiar al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, quien enfrenta una investigación judicial por enriquecimiento ilícito. “Esta es la ley Adorni, es para la hermana, para el Presidente; esta ley es para los que evadieron”, afirmó el senador formoseño, y agregó que la aprobación acelerada de la ley buscaría favorecer al exfuncionario.

La jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, rechazó esas acusaciones y defendió la iniciativa al describirla como un sistema que distingue el fraude de los errores formales en las declaraciones juradas. Además, insistió en que ni el Presidente ni ningún funcionario ni los propios legisladores podrán hacer uso del mecanismo.

En paralelo, la sesión también tenía previsto el debate de un proyecto de modificación al régimen de biocombustibles, aunque persisten dudas sobre si el oficialismo cuenta con los votos suficientes para aprobarlo, lo que pone en riesgo su tratamiento.

El Poder Ejecutivo nacional envió al Congreso un proyecto de ley que apunta a recrudecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en el entorno de las Islas Malvinas sin autorización del Estado argentino. La iniciativa no se limita al sector hidrocarburífero: alcanza a toda actividad vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, renovables o no, que se desarrolle sin la correspondiente habilitación de una autoridad argentina.

El régimen sancionatorio prevé multas que van de 4.000 a 500.000 unidades, suspensión o cancelación de habilitaciones e inhabilitación de entre cinco y veinte años para empresas y personas jurídicas. En los casos más graves —prospección o exploración de recursos no renovables en el lecho o subsuelo del mar territorial argentino o en la Plataforma Continental— las penas de prisión pueden llegar a los 20 años.

El proyecto también crea el Sistema de Seguridad Nacional, un marco institucional destinado a articular las funciones estatales en materia diplomática, económica, cibernética, de defensa, jurídica y de inteligencia. Como órgano rector de ese sistema se establece un Consejo de Seguridad Nacional, cuya existencia había sido anticipada por el propio presidente Javier Milei.

El Consejo estará presidido por el Presidente de la Nación e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la titular de la Secretaría Legal y Técnica.

El Gobierno argentino presentó el proyecto de presupuesto para 2027 con una proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto del 4 por ciento. Las cifras también contemplan una inflación promedio del 21,1 por ciento y un incremento del salario promedio del 25,4 por ciento, según informó la Presidencia en un comunicado oficial.

Las proyecciones fueron expuestas por el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de una reunión de funcionarios del Ejecutivo denominada “Mesa Política”, celebrada en la Casa Rosada. En ese encuentro también se analizó la agenda legislativa y el tratamiento de distintos proyectos en el Congreso.

En materia fiscal, el presupuesto prevé un resultado positivo para 2027 incluyendo el pago de compromisos financieros, lo que implicaría cuatro años consecutivos de superávit financiero de cumplirse las previsiones oficiales. En comercio exterior, se proyectan exportaciones de bienes y servicios por más de 130.000 millones de dólares y un saldo comercial favorable superior a los 15.000 millones de dólares.

El proyecto estima además un tipo de cambio promedio anual de 1.728 pesos por dólar, cifra que el Gobierno aclaró que no constituye una predicción sobre la evolución de la moneda, sino que surge de un cálculo basado en el tipo de cambio actual y la inflación estimada.