La Universidad de La Punta (ULP), a través de su secretaría Académica, lanza una nueva propuesta de formación virtual en Inteligencia Artificial, destinada a directivos y docentes de todos los niveles educativos. La capacitación, titulada ‘Competencias en IA’, tiene como objetivo brindar herramientas generales para el uso eficiente de la Inteligencia Artificial en contextos educativos. Se busca que los docentes puedan integrar esta tecnología en sus prácticas de enseñanza como un recurso pedagógico complementario, y no como un reemplazo del rol docente.

“La idea es que la IA sea un soporte en la transmisión de conocimientos, una herramienta útil para el trabajo del docente y no una solución autónoma para los estudiantes”, explicó Manuela Ferreyra, integrante de Capacitación Docente de la secretaría Académica.

Durante la formación se abordarán conceptos claves para entender qué es la Inteligencia Artificial y cómo funciona. También sobre las estrategias que permiten un uso efectivo y crítico de estas herramientas, cómo evaluar los resultados generados por sistemas de IA y de qué manera se pueden potenciar las estrategias de enseñanza y evaluación a través de Gemini (IA generativa de Google).

Las inscripciones estarán habilitadas desde este jueves 24 a las 10:00 hasta el viernes 25 a las 10:00, en la página de la ULP.

La formación contará con una carga horaria total de 10 horas, el curso se dictará desde el lunes 28 de julio a las 10:00 hasta el lunes 4 de agosto a las 20:00. “La modalidad asíncrona permite que cada participante organice sus tiempos de cursado dentro del período establecido por la plataforma, facilitando así el acceso y la flexibilidad”, añadió Ferreyra.

En una Era en la cual lo digital atraviesa todas las dimensiones de la vida cotidiana, la Universidad de La Punta (ULP) vuelve a apostar a la educación como herramienta de inclusión y cuidado. A través de una capacitación gratuita de Google, se dictará el curso ‘Cultura Digital para Alumnos’, destinado a estudiantes del Ciclo Orientado (4to, 5to, y 6to) de toda la provincia.

Esta formación compendia 20 horas de duración y su propósito es que los jóvenes desarrollen habilidades digitales esenciales: aprender a utilizar el correo electrónico, crear contraseñas seguras, conocer nociones básicas de privacidad y reconocer criterios de seguridad al navegar por internet.

La modalidad es completamente virtual, sincrónica y gratuita. La cursada iniciará el 28 de julio a las 11:00 y finalizará el 18 de agosto a las 24:00. La inscripción estará disponible desde este jueves 24 hasta el 25 de julio.

Cabe resaltar que las instituciones educativas tendrán que gestionar las respectivas matriculaciones, por lo cual será responsabilidad del docente o directivo cargar a los estudiantes como participantes del curso. Una vez finalizada la capacitación, los alumnos recibirán un certificado oficial.

Este miércoles, la Cámara de Diputados de San Luis aprobó por mayoría -con 24 votos afirmativos y 13 negativos– una reforma al Código Procesal Civil y Comercial, con el objetivo de hacer más rápido y eficiente el funcionamiento de la justicia. El proyecto fue enviado a la Legislatura por el gobernador Claudio Poggi y ahora deberá ser tratado en el Senado para convertirse en ley.

La iniciativa pretende que las decisiones judiciales no se demoren más de la cuenta y que los plazos para dictar resoluciones empiecen a correr automáticamente, sin pasos intermedios innecesarios. Esta propuesta se complementa con la eliminación de la feria judicial, otra idea que impulsa el Gobierno provincial. 

El proyecto fue elaborado luego de numerosas reuniones del Ejecutivo con autoridades del Colegio de Abogados de San Luis, Villa Mercedes, la tercera Circunscripción y el Colegio Forense. En los encuentros surgió una preocupación común por las demoras excesivas en la tramitación de causas judiciales y el incumplimiento de los plazos procesales por parte de los magistrados.

El diputado Christian Gurruchaga fundamentó el despacho por mayoría y explicó que la reforma se apoya en dos pilares fundamentales: el plazo razonable, que garantiza a toda persona el derecho a ser oída en un tiempo justo, y la celeridad procesal, que evita que los procesos se prolonguen y retarden el acceso a la justicia.

Otra modificación que busca el proyecto está relacionada con el uso de las denominadas “medidas para mejor proveer”, herramientas que los jueces utilizan para aclarar hechos del expediente. La nueva normativa permite que sean dictadas sólo una vez por instancia, con plazos acotados para su cumplimiento (15 días hábiles, prorrogables por única vez). Si estas medidas se usan sin relación directa con el esclarecimiento de los hechos y generan dilaciones injustificadas, podrán constituir causal de remoción del magistrado interviniente, conforme lo establece la Ley del Jurado de Enjuiciamiento.

Además, se modifica el artículo sobre Retardo de Justicia, fijando que, si un juez no puede cumplir con los plazos establecidos para dictar sentencia definitiva, deberá comunicarlo al Superior Tribunal de Justicia con al menos 10 días de anticipación. Este podrá otorgar una prórroga única de hasta 15 días. Si el juez no cumple, perderá automáticamente la jurisdicción del caso y el expediente será reasignado.