La Cámara Baja de Paraguay aprobó el libelo acusatorio contra el presidente Santiago Peña pese a que este había presentado su renuncia a través del ministro Enrique Riera. Los legisladores, con el respaldo de todas las bancadas presentes, resolvieron avanzar con el proceso de destitución en lugar de aceptar la dimisión, tal como habilita la Constitución paraguaya en su artículo 202, que exige que el Congreso acepte formalmente cualquier renuncia presidencial.

En la misma sesión, Diputados desestimó el pedido de juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana, despejando así el camino para que este asuma la presidencia una vez formalizada la salida de Peña, cuyo mandato estaba previsto hasta agosto de 2028. La distinción entre renuncia y destitución fue uno de los ejes centrales del debate: sectores opositores advirtieron que una dimisión permitiría a Peña acceder al fuero de senador vitalicio y obtener protección ante posibles investigaciones judiciales, por lo que denunciaron un eventual pacto de impunidad.

En paralelo al trámite legislativo, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación penal contra Peña por su posible responsabilidad en el escándalo de Ueno Bank. La denuncia fue derivada por el fiscal general Emiliano Rolón Fernández a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. El caso se desencadenó luego de que el Banco Central interviniera esa entidad financiera digital, que administraba 850 millones de dólares en fondos públicos y cuyo colapso dejó a numerosos clientes sin acceso a sus ahorros.

Peña había anunciado su decisión mediante un video difundido en la red social X. “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, sostuvo el mandatario.

River se recuperó de la derrota en el superclásico ante Boca y derrotó 2-0 a Aldosivi, ya descendido, en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por la última fecha del Torneo Clausura. El equipo conducido por Leonardo Ponzio dominó el partido desde el inicio, aunque no pudo abrir el marcador en el primer tiempo pese a acumular situaciones claras. Tomás Galván desperdició una chance muy concreta, Thiago Almada golpeó el travesaño con un tiro libre y el arquero Lucas Acosta respondió ante varios remates del Millonario.

En el complemento, el VAR tuvo un rol central: primero anuló un gol de Santiago Moya por posición adelantada y luego confirmó un penal tras detectar una mano de Andrés Vombergar en un tiro libre de Sebastián Driussi. Lucas Beltrán ejecutó la pena máxima y convirtió su primer gol desde su regreso al club, con un remate bajo y colocado que Acosta no pudo contener.

Ya en el tiempo adicional, Francisco Ortega habilitó con un centro atrás a Ángel Correa, que definió sin marca para establecer el 2-0 definitivo. El partido también marcó el debut como titular del juvenil Santiago Espíndola, y el equipo contó con el apoyo de cerca de 10.000 hinchas visitantes en el estadio marplatense.

Con el triunfo, River llegó a 26 puntos y se mantiene en el cuarto puesto del Grupo B. Sin embargo, aún debe esperar los resultados de Belgrano y Barracas Central, ambos con 23 unidades. La diferencia de gol favorece al Millonario —con +7 frente al +3 de Belgrano y el +2 de Barracas—, por lo que conservaría la posición salvo que alguno de sus escoltas lo supere en ese rubro.

Una legisladora de La Libertad Avanza presentó un proyecto que establece la imprescriptibilidad de delitos como abuso sexual, corrupción de menores, prostitución y explotación sexual de menores, pornografía infantil, grooming y trata de personas con fines de explotación sexual cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes. La iniciativa implicaría la incorporación del artículo 62 bis al Código Penal.

En los fundamentos del proyecto, Bullrich repasó la evolución normativa en la materia. Señaló que hasta 2011 los delitos de abuso sexual infantil prescribían desde la fecha del hecho, incluso cuando las víctimas eran menores. La llamada “Ley Piazza” dispuso que el cómputo comenzara al alcanzar la mayoría de edad, y en 2015 la Ley 27.206 suspendió el curso de la prescripción mientras la víctima fuera menor. Sin embargo, el proyecto subraya que con esas normas “los delitos igualmente prescribían”.

La reforma también modifica el régimen general de prescripción penal. En delitos con pena de prisión o reclusión perpetua, el plazo pasaría de 15 a 20 años, y se elevan los plazos mínimos y máximos para otros delitos. Además, se incorpora una regulación específica para personas jurídicas.

Otro punto central es la reincorporación del estado de prófugo o rebelde como causal de suspensión de la prescripción. El proyecto establece que el plazo dejará de correr cuando el imputado se encuentre prófugo, haya sido declarado en rebeldía o exista un pedido de extradición dispuesto por un tribunal argentino.