El Indec publicó su medición de Condiciones de Vida de los Hogares correspondiente al primer semestre de 2026, relevando a 30 millones de personas en 31 aglomerados urbanos. Los datos muestran que 9,7 millones de personas se encuentran en situación de pobreza, lo que representa el 32,3% de la población relevada. Dentro de ese universo, 2,2 millones son indigentes, equivalente al 7,5%.

La cifra implica un aumento respecto al segundo semestre de 2025, cuando la pobreza por ingresos se ubicaba en el 28,2%. Según el informe, la situación se agrava porque a la insuficiencia de ingresos se suman múltiples privaciones en las condiciones materiales de vida.

En materia de vivienda, el 78% de la población total habita en inmuebles con materiales de calidad suficiente, pero ese porcentaje cae al 64,8% entre los pobres no indigentes y al 51,5% entre los indigentes. En cuanto al acceso a agua de red pública, el promedio general es del 89,4%, mientras que entre los pobres indigentes desciende al 83,2%.

Las brechas son aún más pronunciadas en gas de red y desagües cloacales. El gas de red alcanza al 69,1% de los no pobres, pero solo al 29,5% de los indigentes. Las redes cloacales cubren al 76,3% de quienes están sobre la línea de pobreza, frente al 52,2% de los pobres indigentes.

Intendentes de diferentes provincias se presentaron ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, presidida por la cordobesa Carolina Basualdo del bloque Provincias Unidas, para plantear una serie de reclamos al gobierno nacional. De los 79 intendentes que participaron, más de la mitad eran cordobeses. Entre los principales expositores estuvieron Daniel Passerini, de la ciudad de Córdoba; Pablo Javkin, de Rosario; y Rossana Chahla, de San Miguel de Tucumán.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la distribución de subsidios al transporte. Passerini denunció que la Nación destina 460 millones de dólares al transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires mientras el interior no recibe nada, pese a que los fondos provienen de un impuesto a los combustibles que se cobra en todo el país. En esa línea, el gobernador Martín Llaryora también cuestionó públicamente el esquema de reparto, calificándolo de “discriminatoria y populista, igual que el kirchnerismo”.

Además del conflicto por los subsidios al transporte, otros jefes comunales sumaron reclamos por el recorte del programa de medicamentos Remediar y por las deudas que el PAMI mantiene con centros de salud municipales. Desde el bloque Provincias Unidas se presentó un proyecto de resolución para rechazar formalmente la decisión del gobierno nacional en materia de subsidios.

El trasfondo del encuentro también tiene una dimensión política y legislativa. La confrontación entre los intendentes y la Casa Rosada se produce en un momento en que el oficialismo nacional necesita los votos de legisladores vinculados al gobernador cordobés para avanzar con el presupuesto 2027 y otros proyectos de su agenda.

Las provincias retomaron el reclamo por una reforma impositiva integral, con la coparticipación federal como eje central del debate. Gobernadores y funcionarios de distintos distritos coincidieron en la necesidad de avanzar en esa dirección, aunque advirtieron que cualquier iniciativa debe estar ligada al crecimiento del país. “Es difícil ver quién suelta, estamos en economía de subsistencia”, resumió uno de los participantes.

El tema se instaló en dos foros realizados en los últimos días. Primero en la 32ª Conferencia Industrial Argentina, organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), y luego en las XV Jornadas Iberoamericanas de Financiación Local, evento organizado por la Asociación Iberoamericana de Financiación Local (AIFIL) junto a la CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebrado en la Universidad del CEMA.

De ese segundo encuentro participaron el viceministro de Economía de la Nación, José Luis Daza; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; y el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares. Los disertantes mostraron coincidencias sobre el ordenamiento macroeconómico impulsado por la gestión de Javier Milei, aunque surgieron diferencias en torno a la política de subsidios al transporte, con la dicotomía AMBA-provincias como principal punto de tensión.

Cornejo fue uno de los más enfáticos al reclamar una reforma impositiva que incluya una revisión del régimen de coparticipación. “La ley de Coparticipación no cumplió el efecto distributivo. Las provincias que eran más o menos ricas siguen siendo más o menos ricas y las que eran pobres siguen siendo pobres”, señaló el mandatario mendocino.