La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) envió una carta a las sociedades rurales con representación en CRA y en la SRA para pedirles que fijen posición respecto de Visec, la plataforma de trazabilidad impulsada para acreditar el cumplimiento de requisitos socioambientales que exige la Unión Europea, en particular los vinculados con la deforestación.

El presidente de Carsfe, Berardo Vignatti, planteó que la entidad deja en manos de cada productor la elección de la plataforma, pero cuestionó que información actualmente administrada por organismos públicos —como datos del Senasa sobre existencias de hacienda, movimientos de animales y sus destinos— pueda pasar a manos privadas y tener un uso comercial. Señaló que ni siquiera el Estado concentra toda esa información en un único organismo.

Desde la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), su presidente Gustavo Idígoras sostuvo que el ingreso a Visec es voluntario y que los exportadores recomiendan la plataforma porque los compradores europeos les solicitan información de trazabilidad. En tanto, Vignatti indicó que el manejo de los datos fue uno de los temas abordados en una reunión con el Ministerio de Producción de Santa Fe, la Mesa de Enlace provincial y representantes de cooperativas.

Carsfe respaldó la iniciativa de la provincia para que el Estado santafesino utilice la información que ya tiene en su poder para dar garantías a la Unión Europea. Vignatti también señaló que Visec toma como referencia la ley nacional de bosques, mientras que la normativa provincial habilita determinados usos en zonas clasificadas como rojas mediante planes de manejo, lo que la herramienta santafesina permitiría contemplar. Agregó que Córdoba, Entre Ríos y Corrientes analizan sumarse a esa iniciativa provincial.

La delegación argentina ante el Tribunal del Mar, encabezada por la secretaria Legal y Técnica María Ibarzábal, solicitó la suspensión de las actividades petroleras del proyecto Sea Lion en la cuenca norte de las islas Malvinas. La presentación estuvo a cargo de la consejería legal internacional de la Cancillería, que lidera Mario Oyarzábal. Los representantes argentinos argumentaron que existe una controversia de soberanía vigente y que, por lo tanto, la explotación de recursos naturales en esa zona no tiene sustento legal.

Además de la suspensión, Argentina pidió que las empresas involucradas —Rockhopper, de Gran Bretaña, y Navitas, de Israel— no utilicen la información obtenida durante la etapa de exploración, que se proteja el medio marino y que se le impida al Reino Unido tomar medidas que agraven el conflicto. Ibarzábal subrayó el carácter irreversible de la extracción de hidrocarburos, mientras que Oyarzábal advirtió que el plan de contingencia de una de las compañías contempla la posibilidad de que un derrame alcance aguas argentinas no disputadas en un plazo de 30 días, lo que obligaría al país a afrontar consecuencias de una actividad que no autorizó.

Tras un intervalo de dos horas, la delegación británica rechazó los argumentos argentinos. La procuradora general para Inglaterra y Gales, Elie Reeves, sostuvo que las medidas solicitadas por Argentina tendrían consecuencias devastadoras para la economía de las islas y serían perjudiciales para las empresas involucradas. Reeves defendió la explotación de recursos como expresión del derecho a la libre determinación de la población de Malvinas y afirmó que el gobierno argentino ignora ese derecho. Para el martes estaba prevista una nueva exposición ante el tribunal.

La calificadora S&P Global Ratings mejoró el perfil crediticio individual de Neuquén a “b+”, respaldada por el fortalecimiento de sus finanzas, la flexibilidad presupuestaria y la capacidad de la provincia para absorber la volatilidad macroeconómica del país. Entre los factores destacados figura el récord de producción petrolera del distrito patagónico.

Con esta suba, Neuquén se posiciona como la segunda provincia con mejor perfil individual entre las jurisdicciones argentinas evaluadas por la agencia, por encima de Mendoza (“b”), Entre Ríos y Salta (“b-“), y por detrás únicamente de la Ciudad de Buenos Aires, que lidera el ranking con un perfil de “bb”. En la escala nacional, S&P elevó además la calificación de CABA de “raAA+” a “raAAA”, la nota más alta posible en el país.

Al mismo tiempo, S&P ratificó la calificación crediticia de emisor de largo plazo de Neuquén en “B-” con perspectiva estable. La diferencia entre el perfil individual y esta nota responde a criterios metodológicos: varias provincias encuentran un techo determinado por la propia calificación del Gobierno nacional.

En los puestos siguientes del ranking, Río Negro y la provincia de Buenos Aires comparten un perfil individual de “ccc+” con perspectiva revisada a positiva, mientras que Jujuy cuenta con una calificación de emisor de “CCC” pese a mantener un perfil individual de “b-“. Córdoba, en tanto, no figura en la tabla: S&P retiró su calificación a pedido de la propia provincia en agosto de 2022, cuando tenía una nota de “CCC+”.