En la zona de Madariaga, Miramar y Balcarce, la siembra de girasol acumula aproximadamente 20 días de atraso. Un productor de la región relató que tardó 20 días en sembrar 200 hectáreas, una tarea que en condiciones normales se completa en cuatro días. Las lluvias intermitentes, los caminos en mal estado y la escasez de sembradoras disponibles en los momentos en que el suelo lo permitía explican la demora. Las estimaciones indican que en esa zona se sembró alrededor del 60% del girasol previsto, con intención de inicio a principios de octubre, aunque las labores podrían extenderse hasta el 25 de noviembre.

Con el maíz la situación es algo menos crítica: el avance se estima entre el 30% y el 40%, y los planteos tardíos admiten siembra hasta el 10 de diciembre. Sin embargo, lotes de alto potencial que estaban planificados para principios de octubre recién pudieron sembrarse en las últimas semanas.

En el sudoeste bonaerense, las bajas temperaturas y la escasa radiación solar también afectan el desarrollo de los cultivos. En localidades como Salliqueló y Tres Lomas se observaron maíces más bajos de lo habitual y con hojas amarillentas. En el caso del girasol, los tiempos de emergencia se extendieron a entre 10 y 14 días, por encima de lo normal. En esa región, alrededor del 90% del maíz se siembra de forma tardía, por lo que la mayor parte de las labores aún está por comenzar. Una mejora térmica prevista para la semana siguiente podría contribuir a secar los suelos y retomar el ritmo de trabajo.

En los partidos de Balcarce, Lobería, Tandil y Mar Chiquita, las lluvias también complicaron la cosecha de verano y la siembra de trigo y cebada. Parte de los productores no pudo completar la superficie prevista en cultivos de invierno y destinará esos lotes a la campaña de gruesa. Según se aclaró desde la zona, no se trata de un problema generalizado de inundaciones: salvo algunos sectores bajos del nordeste de Balcarce, no se registran anegamientos importantes.

La Cámara Baja de Paraguay aprobó el libelo acusatorio contra el presidente Santiago Peña pese a que este había presentado su renuncia a través del ministro Enrique Riera. Los legisladores, con el respaldo de todas las bancadas presentes, resolvieron avanzar con el proceso de destitución en lugar de aceptar la dimisión, tal como habilita la Constitución paraguaya en su artículo 202, que exige que el Congreso acepte formalmente cualquier renuncia presidencial.

En la misma sesión, Diputados desestimó el pedido de juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana, despejando así el camino para que este asuma la presidencia una vez formalizada la salida de Peña, cuyo mandato estaba previsto hasta agosto de 2028. La distinción entre renuncia y destitución fue uno de los ejes centrales del debate: sectores opositores advirtieron que una dimisión permitiría a Peña acceder al fuero de senador vitalicio y obtener protección ante posibles investigaciones judiciales, por lo que denunciaron un eventual pacto de impunidad.

En paralelo al trámite legislativo, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación penal contra Peña por su posible responsabilidad en el escándalo de Ueno Bank. La denuncia fue derivada por el fiscal general Emiliano Rolón Fernández a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. El caso se desencadenó luego de que el Banco Central interviniera esa entidad financiera digital, que administraba 850 millones de dólares en fondos públicos y cuyo colapso dejó a numerosos clientes sin acceso a sus ahorros.

Peña había anunciado su decisión mediante un video difundido en la red social X. “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, sostuvo el mandatario.

Una legisladora de La Libertad Avanza presentó un proyecto que establece la imprescriptibilidad de delitos como abuso sexual, corrupción de menores, prostitución y explotación sexual de menores, pornografía infantil, grooming y trata de personas con fines de explotación sexual cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes. La iniciativa implicaría la incorporación del artículo 62 bis al Código Penal.

En los fundamentos del proyecto, Bullrich repasó la evolución normativa en la materia. Señaló que hasta 2011 los delitos de abuso sexual infantil prescribían desde la fecha del hecho, incluso cuando las víctimas eran menores. La llamada “Ley Piazza” dispuso que el cómputo comenzara al alcanzar la mayoría de edad, y en 2015 la Ley 27.206 suspendió el curso de la prescripción mientras la víctima fuera menor. Sin embargo, el proyecto subraya que con esas normas “los delitos igualmente prescribían”.

La reforma también modifica el régimen general de prescripción penal. En delitos con pena de prisión o reclusión perpetua, el plazo pasaría de 15 a 20 años, y se elevan los plazos mínimos y máximos para otros delitos. Además, se incorpora una regulación específica para personas jurídicas.

Otro punto central es la reincorporación del estado de prófugo o rebelde como causal de suspensión de la prescripción. El proyecto establece que el plazo dejará de correr cuando el imputado se encuentre prófugo, haya sido declarado en rebeldía o exista un pedido de extradición dispuesto por un tribunal argentino.