Para avanzar en la preparación de la visita del papa León XIV a la Argentina, que incluirá las ciudades de Córdoba, Luján y Buenos Aires, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a una reunión de trabajo este martes, a las 17, a la Conferencia Episcopal Argentina. El encuentro tendrá lugar en la Casa de Gobierno.

Así lo informó el Episcopado, al explicar que el encuentro se inscribe en el trabajo de articulación que vienen llevando adelante las autoridades nacionales y la Conferencia Episcopal como preparación de la organización del viaje del Santo Padre, que viajará al país entre el 8 y e 11 de noviembre.

Por parte de la Iglesia participarán de la reunión miembros de la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita: el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic.

Los tres miembros de la Iglesia integran la comisión nacional constituida por la Conferencia Episcopal para trabajar, junto a otros equipos, en la preparación y organización de la visita del Papa a la Argentina, junto al presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Marcelo Colombo, el secretario general del organismo, monseñor Raúl Pizarro, el arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig y monseñor Alejandro Musolino. La misión de la comisión nacional es delinear los criterios generales de la visita, orientar su preparación y acompañar su desarrollo, para expresar el sentido pastoral de la presencia del pontífice en el país.

El trabajo conjunto entre la Iglesia y el Gobierno para coordinar la visita del Papa se viene desarrollando desde hace dos meses, con una activa participación del canciller, Pablo Quirno, y el secretario de Culto y Civilización de la Nación, Pablo Caulo, quien ha viajado al Vaticano en las últimas semanas.

El acercamiento tiene lugar en medio de fuertes diferencias entre la Iglesia y la Casa Rosada en el campo social. El 7 de agosto pasado, ante una multitud reunida frente al santuario de San Cayetano, en Liniers, el arzobispo García Cuerva, dijo que “la libertad económica no puede ser absoluta” y pidió ser “empáticos con los más necesitados”.

En su homilía, el arzobispo porteño se enfocó en el endeudamiento familiar, el aumento de precios y la necesidad de diálogo, además de exponer un fuerte cuestionamiento a la clase dirigente, que lanza “descalificaciones” mientras “mira para otro lado”.

En esa ocasión, García Cuerva advirtió que el pueblo argentino “no quiere resignarse a que el trabajo sea una mercancía y que haya que tener dos o más empleos para llegar a fin de mes, o caer en la trampa de los créditos que endeudan y asfixian a muchísimas familias”.

Mientras que la causa por el confuso episodio que involucró al sindicalista Facundo Moyano y a su novia, Candela Arizaga, continúa bajo investigación, la modelo volvió a generar polémica al publicar una foto inédita de ambos abrazados en Disneyland París durante una de sus vacaciones.

Moyano está siendo investigado por presunta ilegitimación a la libertad y lesiones leves en contexto de violencia de género contra su pareja. En ese contexto, se supo que dos policías que acompañaron a la influencer durante el episodio declararán este martes en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires.

Candela Arizaga reapareció en redes sociales

Tras mantener un bajo perfil en sus redes sociales, la influencer reapareció para aclarar algunas de las versiones que dicen sobre ella en los medios de comunicación. 

Asimismo, replicó en sus historias un informe sobre ella donde enumeraban los viajes al exterior que hizo en los últimos dos años y escribió: “Todos los viajes fueron con mi ex, mi pareja y 2 en familia que fueron mis mayores sueños cumplidos. Ni idea, no tengo la culpa que elijan mal a sus novios“, respondió con ironía. 

Fuente: NA

El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó al productor agropecuario y ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Roberto Airaldi, por organizar y financiar maniobras de narcotráfico en la provincia de Entre Ríos entre 2019 y 2024.

La condena dada a conocer este jueves contra Airaldi es de 12 años de prisión por ser autor del delito de organización y financiamiento de actividades de tráfico de estupefacientes desarrolladas durante casi cinco años en las ciudades de Paraná y Diamante, y por el acopio de casi 30 kilos de cocaína en una vivienda de la localidad santafesina de Puerto Gaboto. El tribunal también le impuso una multa de $118.404.000.

El fallo fue dado a conocer por la presidenta del Tribunal Oral Federal de Paraná, Noemí Marta Berros, que estuvo a cargo del juicio junto a los jueces Mariela Rojas y José María Escobar Cello.

Airaldi escuchó el veredicto conectado por medios remotos desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Allí se encuentra alojado desde febrero pasado bajo el régimen del Sistema Integral para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR), en el marco de otra investigación en la que se analiza su presunta participación en la planificación de atentados contra el juez federal de Paraná, Leandro Ríos; el fiscal general Candioti; y el ministro de Seguridad de Entre Ríos y exjefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia.

El TOF de Paraná también condenó, con distintos grados de participación, a otras cinco personas por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la intervención organizada de tres o más personas, y absolvió a otras dos.

Por último, el tribunal dispuso que, una vez que la sentencia quede firme, se destruya el material estupefaciente secuestrado y se decomisen los celulares incautados durante la investigación.

Caso

En el juicio se acreditó que Airaldi dirigía una organización dedicada al comercio de estupefacientes que operó entre junio de 2019 y marzo de 2024 en las ciudades de Paraná y Diamante, en Entre Ríos. Parte de las actividades se desarrollaban desde campos vinculados al productor, donde funcionaba una pista de aterrizaje clandestina utilizada para el arribo de avionetas con cocaína. Desde esos establecimientos también partían embarcaciones destinadas a la distribución de los estupefacientes.

El Ministerio Público Fiscal había requerido el decomiso de la estancia “El Mirador”, vinculada al principal imputado, por considerar que había sido utilizada como instrumento para la comisión de los delitos. Sin embargo, el tribunal rechazó ese pedido.

Uno de los elementos valorados durante el juicio fueron las intervenciones telefónicas y los mensajes recuperados de los celulares secuestrados a los integrantes de la organización.

Según expusieron los representantes del MPF, esas comunicaciones permitieron reconstruir el funcionamiento de la estructura criminal, identificar los roles de sus integrantes y determinar la utilización de un lenguaje codificado para ocultar referencias al tráfico de estupefacientes.

NOTA: Agencia NA