Dos compañías concentran las mayores carteras de litio en Argentina: Rio Tinto y Ganfeng. Entre ambas, sus proyectos suman inversiones iniciales y expansiones por alrededor de US$ 7.000 millones, cifra que podría escalar hasta los US$ 9.000 millones si Ganfeng completa el desarrollo total previsto para Pozuelos–Pastos Grandes.

Los caminos de llegada fueron distintos. Rio Tinto ingresó al sector de forma directa mediante la compra global de Arcadium Lithium por US$ 6.700 millones. Ganfeng, en cambio, construyó su posición a lo largo de años a través de adquisiciones, asociaciones y activos propios, acumulando una capacidad productiva proyectada aproximadamente 60% mayor que la de su competidor. Todo esto ocurre en un mercado que comenzó a recuperarse: el carbonato de litio cotizaba a comienzos de septiembre alrededor de 152.000 yuanes —unos US$ 21.000— por tonelada en China, más del doble que un año atrás, aunque todavía por debajo de los máximos del último ciclo.

Ganfeng opera en Jujuy a través de Exar, con participación mayoritaria en Cauchari-Olaroz, que tiene capacidad nominal de 40.000 toneladas anuales y registró una producción de 34.100 toneladas en 2025. Una ampliación de otras 45.000 toneladas, con RIGI aprobado, elevaría el total a 85.000. En Salta, la empresa puso en marcha Mariana, planta con capacidad para 20.000 toneladas anuales de cloruro de litio, que demandó US$ 790 millones más US$ 190 millones destinados al parque solar que la abastece.

El proyecto de mayor escala es Pozuelos–Pastos Grandes, donde Ganfeng y Lithium Argentina integraron tres activos bajo una plataforma controlada en un 67% por la firma china. La primera fase contempla 50.000 toneladas anuales con una inversión de US$ 1.100 millones, con expansión progresiva hasta las 150.000 toneladas. La alianza incluyó además US$ 180 millones aportados por Ganfeng a través de una obligación convertible.

Tras la cadena nacional en la que Javier Milei anunció sanciones contra empresas extranjeras que exploten recursos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, el Gobierno evaluó la medida como un acierto político y comunicacional. Sin embargo, la iniciativa abrió un frente inesperado en el Congreso que la Casa Rosada no tenía previsto.

Si bien la oposición acompañó el giro discursivo del Presidente en materia de soberanía, también presentó una serie de exigencias concretas: suprimir beneficios fiscales a empresas británicas en el país, revisar las compañías adheridas al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), constituir una mesa interpartidaria y fortalecer el equipamiento para la defensa.

Estas iniciativas se solaparán con el proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso. Según adelantó Milei, se tratará de una ley de Defensa de la Soberanía Nacional que modificará la ley 26.659 para endurecer sanciones contra empresas vinculadas a operaciones no autorizadas. El proyecto también contempla la creación del Consejo de Seguridad Nacional, con lineamientos de política de seguridad de aplicación obligatoria para todo el Estado y un marco de protección de infraestructura crítica, defensa aeroespacial y marítima.

En paralelo, el tipo de cambio oficial mayorista mostró estabilidad en torno a los $1.512, luego de haber superado semanas atrás el valor de $1.500 que el mercado había interpretado como un techo informal del Gobierno. Este lunes cerró a $1.511,58, una suba de $3,22 respecto del viernes anterior.

El partido BSW enfrenta una decisión clave en Sajonia-Anhalt, el land más pobre de Alemania: permitir —por acción u omisión— que la ultraderecha AfD llegue al gobierno regional, o sumarse a una coalición con democristianos, socialdemócratas, extrema izquierda y ecologistas para bloquearlo. De ese resultado depende si el cordón sanitario que aisló históricamente a la extrema derecha alemana logra sostenerse.

Fundado en 2023 por Sahra Wagenknecht, BSW propone en lo económico políticas propias del socialismo clásico: nacionalizaciones de grandes sectores industriales, control estatal de precios de energía y vivienda, y límites a las ganancias del capital. Su modelo, según el artículo, evoca a la Alemania comunista de los años 70 y 80.

Sin embargo, en materia migratoria y cultural el partido adopta posiciones idénticas a las de la extrema derecha más radical: deportaciones masivas, rechazo al debate sobre derechos de minorías y críticas al llamado “globalismo woke”. BSW vincula sistemáticamente inmigración con inseguridad, aunque las regiones alemanas con menor presencia migrante son, según el artículo, las que registran mayores índices de inseguridad.

En la politología europea creció el término “rojipardo” para definir al partido: rojo en lo económico, cercano al fascismo en lo cultural y migratorio. A esa combinación se suma su postura siempre amigable hacia Rusia, lo que lo convierte en un fenómeno sin precedente claro en el escenario político del continente.