Un dron ruso impactó este domingo un tren de pasajeros en el oeste de Ucrania, a dos kilómetros de la frontera con Polonia. La formación trasladaba a 206 pasajeros, según informaron el gobierno ucraniano y la empresa ferroviaria polaca PKP Intercity. No hubo heridos: la tripulación recibió advertencia previa del ataque, aunque no quedó claro si el tren estaba en movimiento o había sido evacuado al momento del impacto.

La empresa ferroviaria ucraniana Ukrzaliznytsia señaló que el posible objetivo del dron pudo haber sido un “tren diplomático” que había salido de la estación antes de lo previsto, tras un cambio de horario motivado por las constantes amenazas de ataques rusos. El operador estatal indicó que altos funcionarios occidentales —entre ellos el exprimer ministro británico Boris Johnson y el exdirector de la CIA David Petraeus— se encontraban en una estación de la zona “poco antes” del ataque. Según la BBC, Johnson y asesores de seguridad europeos de alto rango, incluido el británico Jonathan Powell, habían transitado por esa misma línea ferroviaria a su regreso de una conferencia en Kiev.

Como consecuencia del ataque, varios trenes que circulaban por la zona fronteriza debieron ser evacuados. En una de esas formaciones viajaba Günter Sautter, asesor en política exterior del canciller alemán Friedrich Merz, quien regresaba a Alemania tras participar en reuniones entre representantes de Gran Bretaña, Francia e Italia con el gobierno ucraniano, centradas en una posible reanudación de negociaciones. El dato fue revelado por el semanario alemán Der Spiegel.

El Kremlin, por su parte, sostuvo que los vagones atacados se utilizaban para “transportar carga militar”, justificando así el impacto sobre una formación que en ese momento llevaba pasajeros civiles.

El oficialismo atraviesa una serie de contratiempos legislativos en torno a la política de discapacidad, un tema que genera roces con sus propios aliados: sectores de Pro, la UCR y gobernadores que habitualmente acompañan al gobierno nacional vienen desmarcándose de la postura oficial.

Esta semana, en la Cámara de Diputados, la oposición impulsó una sesión para avanzar con una prórroga de la emergencia en discapacidad y proyectos para aliviar el endeudamiento familiar. El oficialismo intentó primero desactivar la sesión abriendo el debate en comisiones y luego presionando a aliados y gobernadores para que no dieran quórum. Ante la inminencia de una derrota, los libertarios terminaron acompañando los emplazamientos impulsados por la oposición. Desde La Libertad Avanza calificaron la movida de “brillante”, al sostener que lograron imponer el cronograma que habían promovido originalmente y excluir del debate los proyectos con costo fiscal.

No es la primera vez que el Gobierno queda en minoría en este tema. La emergencia en discapacidad fue aprobada el año pasado en Diputados con 148 votos y sancionada en el Senado con 55 afirmativos, sin votos en contra y con los libertarios ausentes. Tras el veto de Milei, las mayorías se ampliaron: Diputados insistió con 172 avales y el Senado rechazó el veto con 63 votos contra siete.

El asunto también tiene repercusión fuera del Congreso. La Iglesia Católica puso el foco sobre el sector: el itinerario del Papa León XIV en noviembre contempla una visita al Cottolengo Don Orione, en el conurbano bonaerense. El Arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, se refirió a las personas con discapacidad y sostuvo que “nadie es descartable”.

Santiago Muzio, abogado franco-argentino designado por el gobierno de Javier Milei en 2024, dejará la dirección de la Casa Argentina en París. Su gestión estuvo marcada por reiteradas polémicas: el retiro de placas en homenaje a los desaparecidos de la última dictadura, la expulsión de residentes y la realización de reuniones vinculadas con sectores de extrema derecha. El Ayuntamiento de París llegó a solicitar formalmente a la Cancillería francesa que investigara su administración.

Para cubrir el cargo, el Gobierno argentino oficializará en las próximas horas la designación de Alfredo Soto, abogado de Rosario.

La Casa Argentina funciona dentro de la Cité Internationale Universitaire de París, un campus que recibe anualmente a unos 12.000 estudiantes, investigadores y artistas de 150 nacionalidades. Inaugurada en 1928, la institución depende directamente del Ministerio de Capital Humano argentino y opera con autonomía respecto de las autoridades de la Cité Universitaire.

Entre los episodios más cuestionados de su gestión figura el retiro, durante obras de remodelación a principios de este año, de dos placas conmemorativas de las víctimas de la última dictadura argentina. La medida generó el rechazo de residentes y organizaciones de derechos humanos, y motivó un reclamo público de escritores, intelectuales y académicos argentinos. Muzio también se negó a firmar la Carta de Valores de la Cité Universitaire, que establece principios de igualdad y no discriminación por género y orientación sexual.