Tras varios intentos por evitar la convocatoria, La Libertad Avanza (LLA) dio un giro de último momento: bajó al recinto de Diputados, aportó quorum y respaldó el esquema de trabajo propuesto por la oposición. Las mociones para definir los cronogramas de ambos temas fueron aprobadas por amplia mayoría.

La moción referida a discapacidad —que establece dictamen para el 23 de septiembre, con una reunión informativa el 16— fue aprobada por unanimidad. La que fijó el tratamiento de los proyectos sobre morosidad y endeudamiento para el 30 del mismo mes tuvo un único voto en contra: el del diputado santacruceño aliado del Gobierno, José Garrido.

Desde el oficialismo intentaron presentar el movimiento como una decisión propia. “Se va a aprobar nuestro cronograma, así como la unificación de giros, sin Presupuesto. Es decir, serán iniciativas sin costo fiscal”, señaló un referente del bloque de LLA. La disputa se trasladará ahora a las comisiones, donde el oficialismo cuenta con una relación de fuerzas favorable.

La oposición, en tanto, celebró el resultado. Pablo Juliano, de Provincias Unidas e impulsor de la sesión especial, destacó que la jornada colocó al Congreso detrás de un tema que consideran trascendental. Los bloques críticos desconfiaban de la voluntad del Gobierno para avanzar con ambas discusiones, pero la sesión aceleró los tiempos y eludió cualquier intento de postergación.

La irregularidad del crédito empresarial en Argentina se quintuplicó en menos de dos años, según un informe de la consultora Equilibra. El indicador pasó del 0,7% en noviembre de 2024 al 3,7% en julio de este año, aunque todavía se ubica por debajo del récord histórico del 8,1% registrado a principios de 2020, cuando confluyeron el default de Vicentin, el cepo cambiario y la cuarentena. El Banco Central considera irregular un préstamo cuando el deudor acumula más de 90 días de atraso en el pago.

Lo que más preocupa no es el nivel actual sino la velocidad del deterioro. La probabilidad de que un crédito empresarial en regla caiga en mora triplica hoy el promedio de los últimos 20 años. La cantidad de firmas con deudas atrasadas pasó de 16.212 en agosto de 2024 a 37.482 en julio pasado, lo que representa el 13,4% de las empresas endeudadas del país, según datos de la Central de Deudores del Sistema Financiero (Cendeu) que publica el BCRA.

La irregularidad es más pronunciada en los sectores con menor dinamismo. La construcción encabeza el ranking con una mora del 7,7%, seguida por el comercio con 6,5% y la industria, los tres sectores cuya producción todavía no recuperó los niveles de 2023. En el extremo opuesto, minería registra 0,4%, intermediación financiera 0,3% y electricidad, gas y agua 0,1%. El sector agropecuario, pese a estar entre los más activos, muestra una mora del 4,3%.

El tamaño de la empresa es el factor que más incide en el nivel de atrasos. En los préstamos de menos de $5 millones la mora alcanza el 9,3%, mientras que en los créditos superiores a $3.800 millones —que corresponden al 1% de las firmas pero concentran el 73,8% del dinero prestado— cae al 1,8%. Esa distribución explica por qué el promedio general se mantiene relativamente contenido: las empresas más grandes, que absorben casi todo el crédito, registran pocos atrasos, mientras que las más pequeñas, que representan el 60% de las firmas pero apenas el 0,2% del monto total, concentran el deterioro.

El Gobierno avanza en la redacción del proyecto legislativo que anunció el presidente Javier Milei en cadena nacional, en el marco de la disputa por la soberanía de las islas Malvinas. El tema fue tratado en la última reunión de Gabinete, donde se resolvió que el proyecto ingrese por la Cámara de Diputados. Los tiempos exactos del envío al Congreso podrían definirse en la reunión de mesa política de este martes.

Esa mesa está encabezada por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y cuenta con la participación habitual de Patricia Bullrich, Martín Menem, Ignacio Devitt, Luis Caputo, Fabián Fernández, Eduardo Menem y Santiago Caputo. En esta edición se sumarán los ministros Quirno y Presti, cuyas áreas tienen incumbencia directa en los anuncios realizados por Milei la semana pasada.

En paralelo, el Ejecutivo presentó una denuncia penal contra parte de las empresas vinculadas al proyecto Sean Lion. La causa fue sorteada y recayó en el juzgado federal 12 de Comodoro Py. La principal accionista del proyecto es Navitas Petroleum, de capitales israelíes.

El contexto que impulsó la ofensiva del Gobierno se remonta al lunes 31 de agosto, cuando el presidente estadounidense Donald Trump sugirió que su administración podría retirar el apoyo a Gran Bretaña en la disputa de soberanía con la Argentina. Desde entonces, el Ejecutivo delineó una estrategia política, judicial y comunicacional que incluyó la emisión de la cadena nacional.