Marco Rubio señaló en una entrevista con The New York Times, desde la Casa Blanca, que Venezuela debe renovar su Tribunal Supremo y su consejo electoral antes de poder celebrar elecciones. También planteó como condiciones previas la reestructuración de la deuda del país y una reforma de sus fuerzas de seguridad. El jefe de la diplomacia estadounidense situó idealmente ese proceso electoral en 2027.

Rubio expresó su expectativa de que las conversaciones impulsadas por Washington entre el gobierno venezolano y un sector de la oposición permitan reformar el máximo tribunal hacia mediados de diciembre. Además, indicó que los negociadores tienen previsto reunirse en los próximos días para tratar el nombramiento de nuevos integrantes del consejo electoral.

Sobre la situación económica, Rubio consideró que la deuda venezolana, estimada en más de 200.000 millones de dólares, representa un obstáculo central para la recuperación económica y la atracción de inversiones. En materia de cooperación militar, agregó que Estados Unidos aspira a alcanzar en algún momento un acuerdo de presencia militar, principalmente desde un marco legal.

La Cámara Baja de Paraguay aprobó el libelo acusatorio contra el presidente Santiago Peña pese a que este había presentado su renuncia a través del ministro Enrique Riera. Los legisladores, con el respaldo de todas las bancadas presentes, resolvieron avanzar con el proceso de destitución en lugar de aceptar la dimisión, tal como habilita la Constitución paraguaya en su artículo 202, que exige que el Congreso acepte formalmente cualquier renuncia presidencial.

En la misma sesión, Diputados desestimó el pedido de juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana, despejando así el camino para que este asuma la presidencia una vez formalizada la salida de Peña, cuyo mandato estaba previsto hasta agosto de 2028. La distinción entre renuncia y destitución fue uno de los ejes centrales del debate: sectores opositores advirtieron que una dimisión permitiría a Peña acceder al fuero de senador vitalicio y obtener protección ante posibles investigaciones judiciales, por lo que denunciaron un eventual pacto de impunidad.

En paralelo al trámite legislativo, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación penal contra Peña por su posible responsabilidad en el escándalo de Ueno Bank. La denuncia fue derivada por el fiscal general Emiliano Rolón Fernández a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. El caso se desencadenó luego de que el Banco Central interviniera esa entidad financiera digital, que administraba 850 millones de dólares en fondos públicos y cuyo colapso dejó a numerosos clientes sin acceso a sus ahorros.

Peña había anunciado su decisión mediante un video difundido en la red social X. “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, sostuvo el mandatario.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció su renuncia al cargo en un mensaje grabado difundido en la red social X. La decisión se produjo tras la intervención del Banco Central sobre Ueno Bank, una entidad financiera digital con la que Peña mantuvo vínculos, que administraba 850 millones de dólares en fondos públicos y cuyo cierre dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas, desatando protestas en Asunción.

En su mensaje, Peña pidió disculpas al pueblo paraguayo pero evitó asumir responsabilidad directa por la crisis. Afirmó que su decisión apunta a preservar la estabilidad del país y las instituciones democráticas. La renuncia debe ser tratada por el plenario del Congreso Nacional, que habilitaría la sucesión constitucional en favor del vicepresidente Pedro Alliana, quien completaría el mandato hasta 2028.

La oposición rechazó la vía de la renuncia y reclamó que el juicio político avance hasta la destitución. El argumento central es que aceptar la dimisión le permitiría a Peña acceder a los fueros de senador vitalicio, lo que podría protegerlo de investigaciones judiciales vinculadas al caso Ueno Bank. Los opositores denunciaron un pacto de impunidad dentro del oficialismo.

La Cámara de Diputados ya había iniciado una sesión para debatir el juicio político por mal desempeño cuando se conoció la renuncia. El presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, histórico referente político de Peña, había anticipado que acompañaría el proceso de destitución, dejando al mandatario sin respaldo incluso dentro de su propio espacio.