Rusia ha intensificado sus bombardeos aéreos sobre Ucrania en los últimos meses, más de cuatro años después del inicio de la invasión. Sólo en julio, dos ataques de gran escala dejaron cerca de 50 civiles muertos, mientras que un tercer ataque el sábado causó al menos 38 víctimas fatales. Las alertas antiaéreas casi permanentes en la región de Kiev alteraron gravemente la vida cotidiana de la población.

La situación afectó incluso el inicio del ciclo escolar: las clases debían retomarse el martes, aunque no estaba claro si los padres enviarían a sus hijos a los establecimientos. Las escuelas cuentan con refugios antiaéreos y la opción de dictar clases de forma virtual.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski reconoció públicamente que Ucrania tiene dificultades para contrarrestar los drones a reacción que Rusia emplea con creciente frecuencia. Entre el jueves y el domingo, Moscú lanzó casi 1.500 drones, de los cuales alrededor de 800 eran de ese tipo. En la región de Kiev, los ataques alcanzaron almacenes en las ciudades de Brovary y Boryspil, dejando cuatro heridos.

Por su parte, Ucrania también ha golpeado objetivos en territorio ruso, incluyendo grandes minoristas en línea e instalaciones petroleras, generando escasez entre la población civil rusa, aunque con un saldo menos letal que los ataques rusos sobre suelo ucraniano.

El presidente Donald Trump anunció que el crudo venezolano será destinado a reponer las Reservas Estratégicas Nacionales de Estados Unidos, que describió como “prácticamente vacías”. Lo hizo a través de su red Truth Social, donde calificó el suministro como “un regalo de Venezuela para el pueblo de Estados Unidos” y responsabilizó a su antecesor Joe Biden por el estado actual de esas reservas.

Según datos mencionados en el anuncio, las reservas estratégicas se encuentran actualmente en torno a los 290.000 barriles, unos 225.000 barriles menos que en la primavera pasada, un nivel que no se registraba desde 1983. El mensaje de Trump llegó dos días después que se conociera un acuerdo por el cual EE.UU. controlará algo más del 20% de las reservas probadas de crudo venezolano.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, precisó que el acuerdo contempla la producción de 1,5 millones de barriles diarios, tendrá una vigencia de 25 años e incluye el desarrollo de 17 campos estratégicos con un potencial probado de 65.000 millones de barriles. La mayoría de los detalles del pacto aún se desconocen.

El acuerdo se da en un contexto de recomposición de vínculos entre ambos países. Sin embargo ha sido cuestionado duramente por lo que algunos especialistas consideran un robo, o una entrega de recursos estratégicos.

Desde que Washington capturara en enero al expresidente Nicolás Maduro, Estados Unidos estrechó relaciones con el gobierno venezolano encabezado por Rodríguez, tras más de dos décadas de distanciamiento bilateral durante las administraciones chavistas.

El gobierno de Donald Trump habría amenazado con retirar su respaldo a la soberanía británica sobre las islas Malvinas si el Reino Unido no incrementa su presupuesto militar hasta alcanzar los parámetros exigidos por la OTAN. Según informó el medio británico The Telegraph, la presión recaería sobre el flamante primer ministro Andy Burnham, quien asumió en julio de este año. Un alto funcionario estadounidense habría planteado la posibilidad de tomar medidas concretas si los miembros de la alianza no destinan el 5% de su PBI a defensa y seguridad.

La fuente citada por The Telegraph señaló que las conversaciones en torno a la cesión de las Malvinas “son sinceras” y que “no se descarta ninguna opción” para lograr el reparto de carga buscado por Washington. El episodio se enmarca en la creciente tensión entre Estados Unidos y los miembros europeos de la OTAN, y en paralelo al acercamiento que el gobierno norteamericano viene sosteniendo con la Argentina.

En ese contexto, un incidente en el puerto de Ushuaia sumó tensión al tema. La nave petrolera VS Promise, con bandera del Reino Unido, atracó en la terminal de la capital fueguina, cuya gestión está actualmente en manos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), en medio de un conflicto entre el gobierno nacional y el gobernador Gustavo Melella. La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur rechazó el amarre y lo calificó de “inadmisible”, mientras que el gobierno nacional respondió que el accionar del buque no viola ninguna ley.