El Consejo Provincial del Partido Justicialista bonaerense resolvió convocar al Congreso partidario para el sábado 21 de noviembre a las 10. En esa reunión, Máximo Kirchner asumirá la presidencia del órgano, en el marco del acuerdo alcanzado entre el sector del gobernador Axel Kicillof y La Cámpora para ordenar la conducción del peronismo provincial. El encuentro tendrá modalidad híbrida: la mesa funcionará en la sede partidaria de La Plata y el resto de los congresales participará de manera virtual.

La decisión se tomó un día después de que Kicillof y Kirchner se reunieran en la Gobernación, en una señal de distensión entre los dos principales sectores del peronismo bonaerense. Al cierre del encuentro del Consejo, el gobernador reconoció que dentro del peronismo es natural que existan discusiones y matices, pero subrayó que todos los sectores comparten la necesidad de construir una alternativa al Gobierno nacional.

De la reunión participaron la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque, el ministro de Trabajo Walter Correa, y varios intendentes del conurbano y el interior bonaerense, entre ellos Fernando Espinoza, Julio Alak y Federico Otermín. También estuvieron presentes legisladores provinciales y nacionales, y el presidente de Provincia Seguros, Alberto Descalzo.

Durante el encuentro se completó además la designación de secretarías vacantes: Walter Correa fue nombrado secretario de Asuntos Gremiales. También se repasó el avance del curso de formación política que conduce Alak, con cerca de 20.000 inscriptos en distintos puntos de la provincia, y la campaña de afiliación a cargo del intendente Mariano Cascallares.

El Indec publicó su medición de Condiciones de Vida de los Hogares correspondiente al primer semestre de 2026, relevando a 30 millones de personas en 31 aglomerados urbanos. Los datos muestran que 9,7 millones de personas se encuentran en situación de pobreza, lo que representa el 32,3% de la población relevada. Dentro de ese universo, 2,2 millones son indigentes, equivalente al 7,5%.

La cifra implica un aumento respecto al segundo semestre de 2025, cuando la pobreza por ingresos se ubicaba en el 28,2%. Según el informe, la situación se agrava porque a la insuficiencia de ingresos se suman múltiples privaciones en las condiciones materiales de vida.

En materia de vivienda, el 78% de la población total habita en inmuebles con materiales de calidad suficiente, pero ese porcentaje cae al 64,8% entre los pobres no indigentes y al 51,5% entre los indigentes. En cuanto al acceso a agua de red pública, el promedio general es del 89,4%, mientras que entre los pobres indigentes desciende al 83,2%.

Las brechas son aún más pronunciadas en gas de red y desagües cloacales. El gas de red alcanza al 69,1% de los no pobres, pero solo al 29,5% de los indigentes. Las redes cloacales cubren al 76,3% de quienes están sobre la línea de pobreza, frente al 52,2% de los pobres indigentes.

Intendentes de diferentes provincias se presentaron ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, presidida por la cordobesa Carolina Basualdo del bloque Provincias Unidas, para plantear una serie de reclamos al gobierno nacional. De los 79 intendentes que participaron, más de la mitad eran cordobeses. Entre los principales expositores estuvieron Daniel Passerini, de la ciudad de Córdoba; Pablo Javkin, de Rosario; y Rossana Chahla, de San Miguel de Tucumán.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la distribución de subsidios al transporte. Passerini denunció que la Nación destina 460 millones de dólares al transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires mientras el interior no recibe nada, pese a que los fondos provienen de un impuesto a los combustibles que se cobra en todo el país. En esa línea, el gobernador Martín Llaryora también cuestionó públicamente el esquema de reparto, calificándolo de “discriminatoria y populista, igual que el kirchnerismo”.

Además del conflicto por los subsidios al transporte, otros jefes comunales sumaron reclamos por el recorte del programa de medicamentos Remediar y por las deudas que el PAMI mantiene con centros de salud municipales. Desde el bloque Provincias Unidas se presentó un proyecto de resolución para rechazar formalmente la decisión del gobierno nacional en materia de subsidios.

El trasfondo del encuentro también tiene una dimensión política y legislativa. La confrontación entre los intendentes y la Casa Rosada se produce en un momento en que el oficialismo nacional necesita los votos de legisladores vinculados al gobernador cordobés para avanzar con el presupuesto 2027 y otros proyectos de su agenda.