Una auditoría ordenada por el Gobierno sobre la ex Andis detectó una diferencia de más de $158.717 millones entre los registros de deuda exigible de dos direcciones clave de la agencia. El trabajo analizó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas, y cubre la gestión hasta el 21 de agosto de 2025, cuando el Gobierno desplazó al director Diego Spagnuolo junto a otros funcionarios.

La disparidad surgió al cruzar la información de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) con la de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS), siendo esta última la que reportó una deuda mayor. La DNASS, que tenía a su cargo la compra de medicamentos e insumos a través del programa Incluir Salud, también concentra las sospechas del fiscal Franco Picardi en una causa por presunto fraude. Según el fiscal, los procesos de compra de esa dirección habrían tenido sobreprecios sistemáticos, ausencia de procedimientos administrativos adecuados y prácticas que comprometen la transparencia y legalidad de la gestión.

La auditoría también señaló posibles imprecisiones en los datos aportados por la DNASS, cuyas propias fuentes advirtieron que los importes y su clasificación pudieron haber sufrido variaciones por errores involuntarios de carga. Una fuente al tanto del funcionamiento de la ex Andis explicó que la DNASS suele comprometerse a pagar sin contar con el presupuesto correspondiente, y que la deuda debe atravesar un proceso administrativo ante la DPYC que no siempre se completa, situación que se agrava con la compra de medicamentos de alto costo del programa PACBI.

Como ejemplo del presunto sobreprecio investigado judicialmente, la causa identificó el caso del medicamento Macitentan, que en compulsas abiertas costó $411.764 pero fue adjudicado a un valor superior. Fuentes oficiales indicaron que el Ministerio de Salud puso a disposición de la Justicia toda la información requerida y que continuará colaborando con la investigación.

Tras un período de ajuste, distintas marcas internacionales volvieron a incluir a la Argentina en sus planes de expansión. En indumentaria, firmas como Paul & Shark, Barbour, Maje, Sandro, Intimissimi y Dolce & Gabbana avanzan con aperturas en locaciones como Patio Bullrich y Puerto Madero. En relojería, Audemars Piguet y Breitling también se suman a ese movimiento.

A nivel global, el informe True-Luxury Global Consumer Insights de Boston Consulting Group (BCG) y la fundación italiana Altagamma proyecta que el sector de bienes y experiencias de lujo crecerá entre 2% y 5% en 2026, y acelerará hasta un rango de entre 4% y 7% hacia 2029. Alfonso Astudillo, managing director y partner de BCG, señala que la próxima etapa de expansión estará impulsada por una pirámide de consumidores más balanceada, mayor profundidad en la relación con los clientes y un creciente interés por experiencias vinculadas al estilo de vida.

En el plano local, la consultora Anabella Weber —quien trabajó para marcas como Zegna, Jimmy Choo, Karl Lagerfeld y Dolce & Gabbana— describe a un consumidor argentino más informado, selectivo y exigente, que evalúa producto, experiencia y servicio, y que compara con lo que ofrecen los principales mercados internacionales. Según Weber, los argentinos se encuentran entre los principales compradores de lujo fuera del país en destinos como Miami, Madrid y Milán.

El segmento aspiracional, que durante la última década sostuvo gran parte del crecimiento global del sector pero también generó volatilidad, muestra señales de estabilización: más del 75% de esos consumidores espera mantener o aumentar su gasto en los próximos 18 meses, y la intención neta de compra mejoró 7% respecto de 2025. En paralelo, el denominado “top tier” —personas que gastan más de 50.000 euros anuales en lujo— creció a una tasa superior al 8% anual entre 2015 y 2025, elevando su participación en el gasto total del sector del 14% al 24%.

En Las Lomitas, Formosa, el intendente Pablo Basualdo instaló carpas con servicios estatales en un salón municipal que funciona como búnker libertario. El espacio está decorado con fotos del presidente Milei, del propio intendente y de su padre, el diputado nacional Atilio Basualdo, y fue pintado de violeta, el color adoptado por la agrupación. También se distribuyó folletería con el lema “En Formosa es tiempo de libertad” y el logo del Ministerio de Capital Humano, aunque sin los colores institucionales habituales del organismo.

La polémica gira en torno al uso de recursos estatales en un espacio cargado de iconografía partidaria, una práctica que el propio mileísmo criticó durante la gestión kirchnerista. Si bien el traslado de oficinas móviles del Estado al interior del país es habitual, por cuestiones de ética pública se realiza en lugares sin decoración de partido alguno.

Según pudo confirmar el medio que relevó el caso, el salón en cuestión es de propiedad municipal, pero fue transformado en local partidario por Atilio Basualdo —padre del actual intendente— durante su campaña a constituyente, con la fachada ploteada con imágenes de Milei, de él mismo y de su hijo. El edificio tiene una ubicación estratégica: está contiguo a la Municipalidad de Las Lomitas y al Banco de Formosa, dos puntos de alta circulación en la localidad. En sus ventanales se leen leyendas como “En Formosa la elección es simple: Dictadura o Libertad”.