Santiago Muzio, abogado franco-argentino designado por el gobierno de Javier Milei en 2024, dejará la dirección de la Casa Argentina en París. Su gestión estuvo marcada por reiteradas polémicas: el retiro de placas en homenaje a los desaparecidos de la última dictadura, la expulsión de residentes y la realización de reuniones vinculadas con sectores de extrema derecha. El Ayuntamiento de París llegó a solicitar formalmente a la Cancillería francesa que investigara su administración.

Para cubrir el cargo, el Gobierno argentino oficializará en las próximas horas la designación de Alfredo Soto, abogado de Rosario.

La Casa Argentina funciona dentro de la Cité Internationale Universitaire de París, un campus que recibe anualmente a unos 12.000 estudiantes, investigadores y artistas de 150 nacionalidades. Inaugurada en 1928, la institución depende directamente del Ministerio de Capital Humano argentino y opera con autonomía respecto de las autoridades de la Cité Universitaire.

Entre los episodios más cuestionados de su gestión figura el retiro, durante obras de remodelación a principios de este año, de dos placas conmemorativas de las víctimas de la última dictadura argentina. La medida generó el rechazo de residentes y organizaciones de derechos humanos, y motivó un reclamo público de escritores, intelectuales y académicos argentinos. Muzio también se negó a firmar la Carta de Valores de la Cité Universitaire, que establece principios de igualdad y no discriminación por género y orientación sexual.

El Tribunal Oral Federal 5, presidido por el juez José Michilini, analiza anunciar en los próximos días la fecha de inicio de las audiencias del juicio oral en la causa Los Sauces-Hotesur. Los magistrados anticipan que el proceso arrancará antes de las vacaciones de verano. Junto a Michilini integran el tribunal Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, este último en carácter de subrogante. Son 17 los imputados que enfrentarán el juicio.

El paso inmediato es aguardar las propuestas de defensas y fiscalía para reducir la nómina de testigos. Originalmente superaban los 300, pero se acordó recortarla entre un 30 y un 40 por ciento. Una vez definida la lista final, las declaraciones prestadas durante la instrucción quedarán incorporadas sin necesidad de que esos testigos vuelvan a comparecer. A eso se sumará la entrega del peritaje contable sobre los fondos transferidos desde las empresas de Cristóbal López y Lázaro Báez hacia las firmas de la familia Kirchner, condición necesaria para fijar la fecha de inicio.

En cuanto al fondo del caso, el delito precedente del lavado de dinero imputado a Báez estaría vinculado a los actos de corrupción comprobados en la causa Vialidad. Para López, en cambio, se relacionaría con los beneficios impositivos que recibió su petrolera Oil Combustibles, causa en la que fue absuelto y por la que solo resultó condenado Ricardo Echegaray.

Un punto pendiente es la composición definitiva del tribunal. Michilini y Palliotti son jueces titulares y su participación no está en discusión. Machado Pelloni, en cambio, es subrogante desde febrero de este año. Si las audiencias comienzan antes de que venza su subrogancia, o si se fija fecha mientras aún permanece en el cargo, algunos magistrados interpretan que continuaría en el tribunal durante todo el juicio.

La cantidad de empresas registradas en Argentina acumula una caída sostenida: en junio se contabilizaron 709 firmas menos que en mayo, mes que a su vez había mostrado una baja de 2371 unidades respecto de abril. En el primer semestre del año el retroceso acumula 9147 empresas menos, mientras que la comparación interanual arroja una pérdida de 16.386 unidades productivas.

Esa contracción tuvo un impacto directo sobre el empleo formal. Entre noviembre de 2023 y junio último, los trabajadores registrados pasaron de 9.857.173 a 9.423.047, lo que representa una pérdida de 434.126 puestos. Solo en junio se perdieron 22.513 empleos registrados, y en los primeros seis meses del año la caída acumula 139.464 puestos.

El último informe de flujos de empleo y demografía empresarial de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social reveló que en el cuarto trimestre de 2025 el stock de empresas se redujo en 6243 unidades, equivalente a una baja del 1,1%, con una tasa de cierres del 3,8%. El documento precisó que la reducción del entramado empresarial se explica principalmente por el bajo nivel de aperturas, que representaron apenas el 2,5% del total de firmas, uno de los valores más bajos de la serie histórica y 1,3 puntos porcentuales por debajo de la tasa de cierres.

El informe también distingue entre empresas que cerraron y aquellas que permanecieron activas pero redujeron personal. En ese trimestre, las firmas continuadoras que achicaron plantillas destruyeron 244.735 puestos, mientras que las que incorporaron trabajadores generaron 205.368, dejando un saldo negativo de 39.367 empleos. Sumado al déficit de la demografía empresarial —aperturas que crearon 39.464 puestos frente a cierres que eliminaron 50.246—, la caída neta en el sector privado entre el tercer y el cuarto trimestre de 2025 fue de 50.149 puestos de trabajo registrados.