Manuel Adorni presentó este miércoles su renuncia al cargo de director titular de YPF, puesto que ocupaba en representación del Estado nacional, pocos días después de haber dejado la Jefatura de Gabinete en medio de la investigación judicial que pesa en su contra. 

La dimisión fue comunicada mediante una breve carta dirigida al presidente de la petrolera, Horacio Marín. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la renuncia deberá ser puesta a consideración de los accionistas de la compañía para completar el procedimiento formal previsto en el estatuto de YPF. 

La salida de Adorni del directorio se suma a su alejamiento de la función pública y había sido anticipada por el presidente Javier Milei tras la renuncia del exfuncionario al frente de la Jefatura de Gabinete.

El ministro coordinador, tras su salida, mantuvo el silencio. Trascendió que podría irse a vivir a Uruguay mientras su situación judicial se complica debido a una causa que indaga su presunto enriquicimiento ilícito y posible lavado de activos. Solo se lo vi públicamente el día martes en Casa Rosada para presenciar la jura de su reemplazo, Diego Santilli. Allí, se saludó con todos los presentes y hasta compartió un abrazo con el Presidente y su sucesor. 

Previo a ese hecho, trascendió por partes de fuentes oficiales que mantuvo una reunión con “El Colo”, para terminar de cerrar la transición. 

Dicha transición, este miércoles, incluyó la salida de una de las personas de máxima confianza de Adorni: la Aimé “Meme” Vázquez, la jefa de la unidad de asesores. Por cierto, la ahora ex funcionaria ocupa otro cargo en el Estado: forma parte del directorio de Correo Argentino. Todavía no se sabe si continuará en ese puesto tras los cambios en el ministerio de coordinación. 

FUENTE: NA

Los nuevos afiches incluyen, además de la actualización de su fisonomía, el monto unificado de la recompensa ofrecida para quienes aporten información que permita dar con su paradero. Actualmente, la recompensa asciende a 40 millones de pesos, integrada por los 20 millones de pesos dispuestos por el ministerio de Seguridad de la Nación y otros 20 millones de pesos otorgados por el Gobierno de San Luis.

Cabe recordar que el Gobierno Nacional actualizó el monto de la recompensa durante el mes de mayo, mientras que el Gobierno provincial dispuso igual suma el pasado 14 de junio, al cumplirse cinco años de la desaparición de Guadalupe.

El operativo de recambio de cartelería tiene como objetivo reforzar y actualizar la difusión de la búsqueda en distintos puntos estratégicos. De la tarea participan efectivos de la Policía de la Provincia, quienes distribuirán el material en dependencias policiales, puestos limítrofes de San Luis y destacamentos de las provincias de Mendoza, Córdoba, La Pampa, La Rioja y San Juan, con el acompañamiento de las fuerzas federales que integran el Comando Unificado San Luis.

Asimismo, personal del Servicio Penitenciario Provincial, aspirantes a Agentes de Policía y a Subayudantes Penitenciarios del Instituto Superior de Seguridad Pública ‘Coronel Juan Pascual Pringles’, e integrantes de Prevención Ciudadana colaboran con la distribución y colocación de los nuevos afiches en edificios públicos provinciales y municipales, escuelas, hospitales, centros de salud, clubes, instituciones religiosas y otros espacios de gran circulación de personas.

El procedimiento se desarrolló durante el fin de semana, por orden del juez de Faltas. El costo del retiro será trasladado a la empresa dueña de la antena, Sitios Argentina.

“Quiero aclarar que el Municipio jamás autorizó esta antena. La empresa Sitios Argentina inició un expediente por el que se otorgó una prefactibilidad que textualmente prohibía cualquier tipo de instalación y de obra hasta que se diera cumplimiento a la documentación técnica. Se dio un plazo y, vencido el plazo, la empresa no cumplió por lo que se emitió una resolución que revocó la prefactibilidad y que los intimaba a remover la estructura que ilegalmente habían instalado”, explicó Estefania Siracusa, secretaria Legal, Técnica y de Relaciones Institucionales.

La empresa no cumplió con el plazo otorgado para el retiro de la estructura, por lo que el Municipio envió las actuaciones al Juzgado Municipal de Faltas. Luego del análisis, el juzgado emitió una sentencia donde no sólo aplicó una multa a la empresa sino que también los intimó nuevamente al retiro de la estructura.

Ante un nuevo incumplimiento, el Juzgado ordenó mediante oficio al Municipio que llevara a cabo la remoción, por medios propios o a través de la contratación de una empresa que tuviera la maquinaria necesaria.

“Asimismo, estableció que, una vez que se llevase a cabo la remoción, tanto la multa como el costo de contratación de la empresa, sean trasladados a Rentas del Municipio para que el monto pueda ser ejecutado a la empresa y el Municipio recupere el gasto en que tuvo que incurrir”, detalló la funcionaria.

Los trabajos se desarrollaron los días sábado 27 y domingo 28, bajo estrictos controles de seguridad. El material resultante de la desinstalación fue trasladado al Centro de Disposición Final por oficio del Juzgado de Faltas.