El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional, universidades y docentes, y a la demanda de la Universidad de Buenos Aires. El juez Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto 759/2025 en el tramo que condicionaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la existencia de partidas presupuestarias concretas, mecanismo que el magistrado calificó como un “mecanismo extraconstitucional” de bloqueo no contemplado en la Constitución Nacional.

En concreto, el Gobierno había atado la ejecución de la ley al artículo 5° de la Ley de Administración Financiera, que establece que toda norma que disponga gastos queda suspendida hasta que se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto. El fallo desactiva ese freno y ordena al Ejecutivo dictar las normas reglamentarias y ejecutorias para garantizar el cumplimiento inmediato de la ley. Cormick también señaló que el artículo 9° de la propia norma brindaba criterios suficientes para que el Ejecutivo redistribuyera los recursos necesarios.

Entre los argumentos del fallo, el juez recordó que ya existía una medida cautelar que ordenaba cumplir los artículos referidos a salarios y becas, y citó una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso según la cual el costo de implementar la ley en 2025 equivale al 0,23% del PBI. La resolución es de primera instancia.

La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario establece que el Poder Ejecutivo debe garantizar partidas para el ingreso, la permanencia y la graduación de estudiantes, además de actualizar los salarios docentes según la variación del Índice de Precios al Consumidor e incorporar sumas no remunerativas y no bonificables a los básicos.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el de Hacienda, Carlos Guberman, firmaron una medida que amplía una canasta de tres bonos en pesos capitalizables para cancelar obligaciones pendientes con empresas constructoras. Los títulos tienen vencimientos entre octubre de 2026 y abril de 2027, y al ser capitalizables no generan impacto directo en el gasto ni en el resultado fiscal.

La deuda que se busca saldar corresponde a certificados de obra, acopio de materiales y redeterminaciones de precios del período enero de 2022 a diciembre de 2025, más contratos de obra pública extinguidos desde 2024. La operatoria se enmarca en el Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública, establecido en julio por la Secretaría de Coordinación de Infraestructura.

La canasta se distribuye en tres instrumentos: un 33% en una Lecap con vencimiento el 30 de octubre, por hasta $60.000 millones; otro 33% en una Boncap al 15 de enero de 2027, por hasta $51.000 millones; y el 34% restante en una Boncap al 30 de abril de 2027, por hasta $60.000 millones. Los tres títulos habían sido emitidos originalmente durante 2025 y ahora se amplían para cubrir estas obligaciones.

Desde el sector privado, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) calificó el monto como “exiguo”. Relevamientos preliminares de la entidad entre sus socios estiman que la deuda total por certificados de obra podría alcanzar los $400.000 millones. No es la primera vez que el Gobierno recurre a este mecanismo: en mayo de 2024 utilizó una fórmula similar con generadoras eléctricas y productores de gas, mediante un bono en dólares a 2038 con quita del 50%.

El Poder Ejecutivo remitirá en los próximos días al Congreso un proyecto de ley para reformar el mercado de capitales. La iniciativa apunta a simplificar la regulación vigente, ampliar los instrumentos disponibles, fortalecer las garantías y facilitar el acceso al financiamiento. El anuncio lo realizó el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, durante la inauguración de la Semana del Inversor, organizada en la Cámara de Comercio, donde también estuvieron presentes el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, directores del Banco Central y referentes del sistema financiero.

Según explicó Sturzenegger, el proyecto fue elaborado en conjunto con la CNV y el Banco Central, e introducirá modificaciones en distintos regímenes que actualmente regulan el mercado de capitales. El ministro describió dos ejes centrales: la simplificación y desregulación —con mayor libertad en los bienes que pueden prendarse, los instrumentos disponibles y la forma de estructurar contratos— y el fortalecimiento de las garantías para ampliar las alternativas de financiamiento y reducir costos.

En su exposición, Sturzenegger señaló que la Argentina dispone de un volumen significativo de ahorro en el exterior, que estimó en 300.000 millones de dólares, y que en condiciones adecuadas podría canalizarse hacia el mercado local. Afirmó que el país ya resolvió las restricciones fiscal y externa, y destacó el potencial de crecimiento de las exportaciones como factor favorable para el desarrollo del mercado de capitales.

El ministro también realizó una referencia política al sostener que, con la reelección del presidente Javier Milei el año próximo, se resolvería lo que denominó la restricción política. En ese marco, planteó que al mercado de capitales actual ya se le están creando las bases para su consolidación y expansión.