Federico Beligoy, secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) y director Nacional de Arbitraje de la AFA, perdió más de 261.000 dólares en un emprendimiento inmobiliario en La Plata cuya desarrolladora se encuentra bajo investigación judicial. Las causas que se le imputan a la empresa incluyen presuntas estafas, administración fraudulenta y asociación ilícita.

Según reconstruyó LA NACION en base a documentos judiciales y fuentes al tanto de lo ocurrido, los fondos comprometidos eran dinero no declarado. Eso explicaría por qué Beligoy no figura entre quienes se presentaron ante la Justicia para reclamar el dinero perdido, lo que abre interrogantes sobre el origen de esos fondos y su correspondencia con los ingresos declarados ante el fisco.

La operación se concretó el 3 de mayo de 2024. En esa jornada, Beligoy desembolsó 139.745 dólares por el departamento B del sexto piso más una cochera en un edificio que la inmobiliaria Abes construía en la calle 59 número 784 de La Plata. El mismo día aportó otros 121.745 dólares por el departamento B del quinto piso del mismo edificio, dentro del denominado Fideicomiso Lucero, completando así una inversión total de 261.490 dólares.

Los Grobo Agropecuaria acordó transferir la operación de su red de 15 plantas de acopio al grupo brasileño Amaggi durante los próximos dos años. Las instalaciones tienen capacidad para almacenar 323.200 toneladas de granos y el convenio implica un cambio significativo en la estructura operativa de la compañía argentina. Bajo el nuevo esquema, Amaggi pasará de participar en la originación y comercialización de granos a hacerse cargo también de las plantas y canalizar todas las compras de granos e insumos. Los Grobo, por su parte, conservará la propiedad de sus ocho establecimientos propios y concentrará sus recursos en la actividad comercial. El nuevo esquema comenzará en enero de 2027, una vez que obtenga la autorización judicial correspondiente.

El contrato contempla ingresos fijos para Los Grobo de casi u$s9,6 millones durante los dos años de vigencia, correspondientes al alquiler de ocho plantas propias y un espacio de oficinas. Amaggi pagará un canon mensual de u$s398.326 y asumirá además los contratos de otras siete instalaciones que la agropecuaria argentina alquila a terceros. El convenio también prevé la posibilidad de extender la relación por otros seis meses.

El acuerdo amplía una alianza que ambas empresas iniciaron el año pasado, cuando Amaggi comenzó a colaborar en la originación y comercialización de granos y en la distribución de insumos. Esa primera etapa permitió sostener la actividad comercial de Los Grobo y ampliar la presencia del grupo brasileño en distintas regiones productivas del país. El vínculo tiene además una dimensión financiera: Amaggi figura entre los principales acreedores de Los Grobo, por lo que la continuidad operativa de la empresa argentina resulta relevante para ambas partes. El nuevo esquema busca generar ingresos regulares para Los Grobo mientras avanza en las negociaciones con sus acreedores.

En la convención anual de ProTejer, la industria textil argentina expuso un diagnóstico crítico: mientras hace algunos años la producción local cubría cerca del 50% de la demanda interna, hoy las importaciones superan el 70%. El ingreso de prendas terminadas creció 46% en volumen durante 2026, impulsado por la flexibilización del régimen courier —que se multiplicó 6,3 veces desde 2024 hasta rozar los US$960 millones CIF— y la expansión de plataformas como Temu y Shein.

El sector también denunció el desmantelamiento de controles fronterizos: la eliminación del canal rojo obligatorio, la reducción de la declaración de composición y la supresión de valores criterio facilitaron prácticas de subfacturación. Luciano Galfione, CEO de Textil de los Andes y titular de ProTejer, lo resumió con dureza: “Cuando yo subfacturo en la aduana, estoy contrabandeando de manera legal”. Al mismo tiempo, aclaró que la entidad no se opone a las importaciones, sino que exige condiciones equitativas de competencia.

El anuncio del ministro de Economía Luis Caputo sobre la suspensión de embargos de ARCA a pymes hasta mayo de 2027, con planes de pago a 18 meses, fue recibido con cautela. ProTejer lo reconoció como un alivio, pero advirtió que no revierte la tendencia. Según datos del Observatorio PyME, una de cada siete industrias enfrenta cautelares o ejecuciones de ARCA, el 75% opera con costos superiores a sus precios de venta y los plazos de cobro se estiraron a 49 días.

La actividad textil registró una caída del 20,8% interanual en agosto y acumula un retroceso del 33,9% respecto de 2023, con 31 de los últimos 32 meses en baja. Desde la entidad advirtieron que este frente externo golpea a un sector que ya sufre el derrumbe del consumo interno, y cuestionaron si es sostenible tolerar subfacturación y competencia desleal para contener medio punto de inflación, a costa de 30.000 familias que dependen del sector.