El oficialismo atraviesa una serie de contratiempos legislativos en torno a la política de discapacidad, un tema que genera roces con sus propios aliados: sectores de Pro, la UCR y gobernadores que habitualmente acompañan al gobierno nacional vienen desmarcándose de la postura oficial.

Esta semana, en la Cámara de Diputados, la oposición impulsó una sesión para avanzar con una prórroga de la emergencia en discapacidad y proyectos para aliviar el endeudamiento familiar. El oficialismo intentó primero desactivar la sesión abriendo el debate en comisiones y luego presionando a aliados y gobernadores para que no dieran quórum. Ante la inminencia de una derrota, los libertarios terminaron acompañando los emplazamientos impulsados por la oposición. Desde La Libertad Avanza calificaron la movida de “brillante”, al sostener que lograron imponer el cronograma que habían promovido originalmente y excluir del debate los proyectos con costo fiscal.

No es la primera vez que el Gobierno queda en minoría en este tema. La emergencia en discapacidad fue aprobada el año pasado en Diputados con 148 votos y sancionada en el Senado con 55 afirmativos, sin votos en contra y con los libertarios ausentes. Tras el veto de Milei, las mayorías se ampliaron: Diputados insistió con 172 avales y el Senado rechazó el veto con 63 votos contra siete.

El asunto también tiene repercusión fuera del Congreso. La Iglesia Católica puso el foco sobre el sector: el itinerario del Papa León XIV en noviembre contempla una visita al Cottolengo Don Orione, en el conurbano bonaerense. El Arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, se refirió a las personas con discapacidad y sostuvo que “nadie es descartable”.

Santiago Muzio, abogado franco-argentino designado por el gobierno de Javier Milei en 2024, dejará la dirección de la Casa Argentina en París. Su gestión estuvo marcada por reiteradas polémicas: el retiro de placas en homenaje a los desaparecidos de la última dictadura, la expulsión de residentes y la realización de reuniones vinculadas con sectores de extrema derecha. El Ayuntamiento de París llegó a solicitar formalmente a la Cancillería francesa que investigara su administración.

Para cubrir el cargo, el Gobierno argentino oficializará en las próximas horas la designación de Alfredo Soto, abogado de Rosario.

La Casa Argentina funciona dentro de la Cité Internationale Universitaire de París, un campus que recibe anualmente a unos 12.000 estudiantes, investigadores y artistas de 150 nacionalidades. Inaugurada en 1928, la institución depende directamente del Ministerio de Capital Humano argentino y opera con autonomía respecto de las autoridades de la Cité Universitaire.

Entre los episodios más cuestionados de su gestión figura el retiro, durante obras de remodelación a principios de este año, de dos placas conmemorativas de las víctimas de la última dictadura argentina. La medida generó el rechazo de residentes y organizaciones de derechos humanos, y motivó un reclamo público de escritores, intelectuales y académicos argentinos. Muzio también se negó a firmar la Carta de Valores de la Cité Universitaire, que establece principios de igualdad y no discriminación por género y orientación sexual.

El Tribunal Oral Federal 5, presidido por el juez José Michilini, analiza anunciar en los próximos días la fecha de inicio de las audiencias del juicio oral en la causa Los Sauces-Hotesur. Los magistrados anticipan que el proceso arrancará antes de las vacaciones de verano. Junto a Michilini integran el tribunal Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, este último en carácter de subrogante. Son 17 los imputados que enfrentarán el juicio.

El paso inmediato es aguardar las propuestas de defensas y fiscalía para reducir la nómina de testigos. Originalmente superaban los 300, pero se acordó recortarla entre un 30 y un 40 por ciento. Una vez definida la lista final, las declaraciones prestadas durante la instrucción quedarán incorporadas sin necesidad de que esos testigos vuelvan a comparecer. A eso se sumará la entrega del peritaje contable sobre los fondos transferidos desde las empresas de Cristóbal López y Lázaro Báez hacia las firmas de la familia Kirchner, condición necesaria para fijar la fecha de inicio.

En cuanto al fondo del caso, el delito precedente del lavado de dinero imputado a Báez estaría vinculado a los actos de corrupción comprobados en la causa Vialidad. Para López, en cambio, se relacionaría con los beneficios impositivos que recibió su petrolera Oil Combustibles, causa en la que fue absuelto y por la que solo resultó condenado Ricardo Echegaray.

Un punto pendiente es la composición definitiva del tribunal. Michilini y Palliotti son jueces titulares y su participación no está en discusión. Machado Pelloni, en cambio, es subrogante desde febrero de este año. Si las audiencias comienzan antes de que venza su subrogancia, o si se fija fecha mientras aún permanece en el cargo, algunos magistrados interpretan que continuaría en el tribunal durante todo el juicio.