El abogado de Manuel Adorni, Matías Ledesma, presentó un escrito de defensa en la causa por enriquecimiento ilícito que se le sigue al exjefe de Gabinete. El documento sostiene que la evolución patrimonial de Adorni entre diciembre de 2023 y junio de 2026 tiene respaldo en prueba documental, contable y técnica, y que no existe enriquecimiento que no admita explicación.

El fiscal del caso, Gerardo Pollicita, había calculado una diferencia entre ingresos y egresos de más de 43 millones de pesos. Sin embargo, la defensa rechazó que eso configure una “desproporción manifiesta” y argumentó que esa brecha representa el 15,8% de los egresos totales reconstruidos y el 18,7% de los ingresos lícitos computados. Según el escrito, se trata de una diferencia compatible con los márgenes de imprecisión propios de toda reconstrucción de flujos económicos de un grupo familiar a lo largo de dos años y medio.

Respecto a la rectificación que Adorni realizó en su declaración patrimonial —en la que sumó cientos de miles de dólares que originalmente no había incluido—, la defensa sostuvo que ese acto no puede ser tomado como indicio en su contra. Argumentó que la legislación tributaria incentiva ese tipo de correcciones y que sería incoherente que una conducta promovida por la ley se transformara en sede penal en señal de malicia. Adorni había logrado postergar su primera fecha de presentación ante la Justicia, que originalmente estaba fijada para el 26 de agosto.

El exministro de Economía Nicolás Dujovne advirtió que la incertidumbre política en torno a las elecciones presidenciales de 2027 ya incide sobre los activos argentinos. Según el exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri, el riesgo político explica una parte significativa de la diferencia que mantiene el riesgo país argentino frente a economías con calificación crediticia similar. En declaraciones a Radio Splendid, precisó que pese a que las agencias calificadoras ubican a la Argentina en la categoría B-, el riesgo país se encuentra casi 200 puntos básicos por encima del promedio de países con esa misma nota, que estimó en torno a los 330 puntos básicos.

Sobre el desempeño económico general, Dujovne describió un escenario de crecimiento moderado y desigual. Destacó un mejor comportamiento de los sectores exportadores y del interior del país, frente a una recuperación más débil del consumo, la inversión y los sectores vinculados al mercado interno y la sustitución de importaciones.

El exministro se mostró optimista respecto de una mejora en los ingresos reales durante lo que resta del año, asociada al proceso de desinflación en curso, aunque subrayó que las diferencias entre sectores y regiones seguirán siendo marcadas.

Una auditoría ordenada por el Gobierno sobre la ex Andis detectó una diferencia de más de $158.717 millones entre los registros de deuda exigible de dos direcciones clave de la agencia. El trabajo analizó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas, y cubre la gestión hasta el 21 de agosto de 2025, cuando el Gobierno desplazó al director Diego Spagnuolo junto a otros funcionarios.

La disparidad surgió al cruzar la información de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) con la de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS), siendo esta última la que reportó una deuda mayor. La DNASS, que tenía a su cargo la compra de medicamentos e insumos a través del programa Incluir Salud, también concentra las sospechas del fiscal Franco Picardi en una causa por presunto fraude. Según el fiscal, los procesos de compra de esa dirección habrían tenido sobreprecios sistemáticos, ausencia de procedimientos administrativos adecuados y prácticas que comprometen la transparencia y legalidad de la gestión.

La auditoría también señaló posibles imprecisiones en los datos aportados por la DNASS, cuyas propias fuentes advirtieron que los importes y su clasificación pudieron haber sufrido variaciones por errores involuntarios de carga. Una fuente al tanto del funcionamiento de la ex Andis explicó que la DNASS suele comprometerse a pagar sin contar con el presupuesto correspondiente, y que la deuda debe atravesar un proceso administrativo ante la DPYC que no siempre se completa, situación que se agrava con la compra de medicamentos de alto costo del programa PACBI.

Como ejemplo del presunto sobreprecio investigado judicialmente, la causa identificó el caso del medicamento Macitentan, que en compulsas abiertas costó $411.764 pero fue adjudicado a un valor superior. Fuentes oficiales indicaron que el Ministerio de Salud puso a disposición de la Justicia toda la información requerida y que continuará colaborando con la investigación.