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Nacional

Los médicos cobrarán un bono de $6.000 por las consultas por prepagas y obras sociales

Se quejan de que lo que reciben por la atención sólo cubre una parte ínfima de lo que vale su servicio. Otro golpe al bolsillo en medio de la alta inflación.

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Más de 30 entidades que congregan a médicos de distintas especialidades anunciaron que comenzarán a cobrar un copago o bono adicional por atender a pacientes de prepagas y obras sociales, y que lo ajustarán cada dos meses.

“Hoy, los médicos decimos ¡basta! Basta de imponernos un valor no digno para nuestros honorarios, basta de demoras en los pagos, basta de débitos injustificados, y basta de no tener control sobre el valor de nuestro trabajo”, advirtieron.

Ese adicional, que representará un dolor de cabeza extra para millones de argentinos, podría tener un piso de 6.000 pesos por consulta.

La decisión la comunicaron más de 30 sociedades y federaciones médicas de distintas especialidades de todo el país.

Lo llaman “bono complementario no reintegrable”, que deberán abonar los pacientes para que los profesionales puedan llegar al piso de 6.000 pesos por consulta que, según reclaman, no estarían alcanzando.

El anuncio lo hicieron a través de un comunicado enmarcado en el “Día de la Sanidad”.

“Este 21 de septiembre, los médicos de la República Argentina no tenemos motivos para celebrar. Estamos atravesados por una triste realidad: una crisis que ha llevado los honorarios médicos al nivel más bajo de la historia”, alertaron.

“La consulta médica es un acto fundamental en el que atendemos las necesidades de nuestros pacientes, diagnosticamos enfermedades y trabajamos en su recuperación. También es el acto mediante el cual percibimos un honorario profesional que nos permite vivir dignamente”, sigue el documento.

Dijeron que “tradicionalmente, este servicio era valorado por los financiadores de salud, pero nunca hemos tenido la capacidad de fijar su valor nosotros mismos. Nunca pudimos determinar cuánto debemos percibir por esta labor y cuándo debemos recibirlo”.

Advirtieron que “en los últimos años, el valor de la consulta médica ha experimentado una drástica caída, situándose como uno de los más bajos de la región”.

Aseguran que a esto se sumó “el retraso en el pago de honorarios entre dos y seis meses”, lo cual, advierten, es “insostenible para los profesionales de la salud con el alto nivel inflacionario existente”.

Dijeron que “a partir de este momento el precio del servicio, el valor de nuestros honorarios estará en manos de los propios médicos, a través de nuestras asociaciones, cámaras, consejos, federaciones y sociedades médicas que nos representan”.

Explicaron que para seguir manteniendo la calidad y excelencia en la atención, implementarán a partir de la presente, un “valor ético mínimo de la consulta médica, y el ´honorario médico ético mínimo´ al que hemos arribado para mantener un piso arancelario federal digno es de 6.000 pesos”.

“La diferencia entre lo que percibamos del sistema (gerenciadores, obras sociales, prepagos, sanatorios, clínicas) como valor de consulta y dicho ´honorario médico ético mínimo´, deberá ser abonado por el paciente en la consulta”, señalaron.

Ese valor, anticiparon, “será ajustable bimestralmente teniendo como referencia el índice inflacionario en todo el territorio nacional”.

“No es un coseguro. No es un adicional. No es un copago. Dicha diferencia es un ‘bono complementario no reintegrable'”, aseguraron, lo que sugiere que tampoco pretenden facturarlo.

El texto lleva las adhesiones de 33 entidades, como la Asociación Argentina de Cirugía, la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, la Sociedad Argentina de Cardiología, la federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Argentina de Urología y la Asociación Argentina de Oncología Clínica.

Además, otras seis entidades, entre las que se cuentan el Consejo Argentino de Oftalmología y la Federación Argentina de Cardiología, expresaron su adhesión.

Fuente: NA

Nacional

El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de reforma del mercado de capitales

Sturzenegger presentó los lineamientos en la apertura de la Semana del Inversor junto a autoridades de la CNV y el Banco Central.

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El Poder Ejecutivo remitirá en los próximos días al Congreso un proyecto de ley para reformar el mercado de capitales. La iniciativa apunta a simplificar la regulación vigente, ampliar los instrumentos disponibles, fortalecer las garantías y facilitar el acceso al financiamiento. El anuncio lo realizó el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, durante la inauguración de la Semana del Inversor, organizada en la Cámara de Comercio, donde también estuvieron presentes el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, directores del Banco Central y referentes del sistema financiero.

Según explicó Sturzenegger, el proyecto fue elaborado en conjunto con la CNV y el Banco Central, e introducirá modificaciones en distintos regímenes que actualmente regulan el mercado de capitales. El ministro describió dos ejes centrales: la simplificación y desregulación —con mayor libertad en los bienes que pueden prendarse, los instrumentos disponibles y la forma de estructurar contratos— y el fortalecimiento de las garantías para ampliar las alternativas de financiamiento y reducir costos.

En su exposición, Sturzenegger señaló que la Argentina dispone de un volumen significativo de ahorro en el exterior, que estimó en 300.000 millones de dólares, y que en condiciones adecuadas podría canalizarse hacia el mercado local. Afirmó que el país ya resolvió las restricciones fiscal y externa, y destacó el potencial de crecimiento de las exportaciones como factor favorable para el desarrollo del mercado de capitales.

El ministro también realizó una referencia política al sostener que, con la reelección del presidente Javier Milei el año próximo, se resolvería lo que denominó la restricción política. En ese marco, planteó que al mercado de capitales actual ya se le están creando las bases para su consolidación y expansión.

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Nacional

El Gobierno canceló Atucha III y abrió licitación privada para reactor nuclear

La inversión estimada para el proyecto privado asciende a 1.203 millones de dólares, sin fondos ni avales del Estado.

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El Gobierno nacional canceló el proyecto Atucha III, que iba a ser la cuarta central nuclear del país e impulsado por la administración anterior con tecnología y financiamiento mayoritario de China. La decisión se formalizó en una asamblea de accionistas de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) realizada el 23 de septiembre.

En esa misma reunión, los accionistas dejaron sin efecto los proyectos Candu y Hualong, encomendados a la empresa en junio de 2021, argumentando “falta de asignación de recursos económicos e imposibilidad material de cumplimiento”, en el marco de la emergencia pública establecida por la Ley 27.742.

En paralelo, la asamblea declaró de “interés empresarial” una licitación pública para instalar un reactor financiado íntegramente por capitales privados sobre 12 hectáreas del predio reservado para la central. El esquema prevé otorgar un derecho real de superficie sobre esa porción del terreno, con la posibilidad de que Nucleoeléctrica quede a cargo de la operación y el mantenimiento de la planta.

El monto y las características del proyecto coinciden con el reactor modular ACR-300 de Meitner Energy, presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, como una inversión vinculada al denominado Super RIGI. La autorización para licitar, no obstante, no implica aún una adjudicación.

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El arzobispo porteño pidió fraternidad y criticó la situación del país

Sus declaraciones se dieron en el marco de la 52ª Peregrinación a Luján, en la previa a la visita del Papa Francisco a la Argentina.

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El arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, encabezó la homilía previa a la tradicional caminata de 60 kilómetros a Luján en su 52ª edición, bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. Desde la Catedral Metropolitana, el religioso llamó a sanar los vínculos sociales y a comprometerse con la fraternidad, mencionando a adultos mayores, personas con discapacidad, desempleados, personas en situación de calle y adolescentes afectados por el consumo de drogas.

En su discurso, García Cuerva trazó un diagnóstico sobre la realidad argentina y anticipó que el Papa Francisco se encontrará con un país “en crisis”, marcado por la polarización, la descalificación y la intolerancia. También señaló que el Sumo Pontífice hallará “un porcentaje muy grande” de argentinos en situación de pobreza y vulnerabilidad.

El arzobispo explicitó además diferencias con la visión económica y política del gobierno de Javier Milei, y subrayó que la visita papal podría representar un mensaje de unidad y esperanza para la Iglesia y el conjunto de la sociedad. Pidió que la figura de la Virgen de Luján inspire el diálogo, el perdón y el respeto mutuo entre todos los argentinos.

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