El periodista brasileño Rogerio Tomaz Jr. fue detenido en el Aeroparque Jorge Newbery y obligado a regresar a Brasil. La Dirección Nacional de Migraciones argumentó que la medida respondió a presuntos incumplimientos en los requisitos de residencia: según el organismo, Tomaz había permanecido apenas 153 días en territorio argentino desde que obtuvo su residencia permanente el 20 de enero de 2022, durante la gestión de Alberto Fernández. Además, Migraciones señaló que no tenía trabajo acreditado, no estudiaba ni contaba con vínculos familiares en el país.

El asesor presidencial Santiago Caputo fue uno de los primeros en reaccionar públicamente. “Te falló el operativo, campeón”, publicó en redes sociales junto a una imagen de Tomaz con el presidente brasileño Lula da Silva. El propio periodista le respondió desde su cuenta de X: “Quedará bien guardada esa burla de un asesor de narcos y ladrones de criptomonedas. El tiempo pone a cada uno en su lugar”.

También celebró la expulsión Juan Carreira, director de la Oficina de Respuesta Presidencial, conocido como Juan Doe, con quien Tomaz había tenido cruces previos en redes. Carreira publicó un mensaje de tono agresivo festejando la salida del periodista del país.

Días antes de su detención, Tomaz había publicado críticas al gobierno argentino y había dado notas a medios como Página/12 y El Destape en el marco de las elecciones legislativas. En su cuenta de X tiene fijada una foto junto a Lula, de noviembre de 2025.

El Gobierno argentino presentó una medida cautelar ante un tribunal internacional amparándose en el Artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Este mecanismo permite solicitar la preservación de derechos o la prevención de daños mientras se constituye el tribunal arbitral definitivo, y se suma al proceso arbitral que el Gobierno había impulsado el 28 de septiembre de este año.

El reclamo fue llevado adelante por el director de la consejería legal internacional, Mario Oyarzábal, una vez vencido el plazo de dos semanas que la diplomacia argentina le había fijado al Reino Unido para detener el proyecto petrolero Sea Lion, operado por las empresas Rockhopper y Navitas. Ante esa intimación, la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar británica, Uma Kumaran, rechazó el pedido y sostuvo que su país defenderá los derechos de autonomía de los habitantes de las islas.

Diplomáticos consultados calificaron la decisión como “arriesgada” al señalar que recurrir a un tribunal internacional “puede ser muy tramposo”, y recordaron que gestiones anteriores evitaron esta vía por temor a un fallo adverso. Desde Cancillería, en cambio, remarcaron que la intervención de árbitros independientes no implica discutir la cuestión de fondo de la soberanía.

El canciller Pablo Quirno afirmó que si Londres sostiene que sus actividades se ajustan al derecho internacional, tendrá la oportunidad de demostrarlo ante el tribunal. Además, reiteró la invitación al Reino Unido a retomar la mesa de negociación bilateral para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía.

La jueza federal Jennifer Rochon, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó suspender de manera inmediata una serie de anuncios publicitarios vinculados al presidente Donald Trump que habían sido financiados con fondos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La magistrada fundamentó la medida en el riesgo de un daño irreparable en caso de no actuar, y aclaró que publicará próximamente una resolución con los argumentos completos de su decisión.

La orden entró en vigor el domingo a las 18:45 hora local y se extenderá por 14 días, salvo que el tribunal decida prorrogarla. Además de suspender los anuncios, Rochon bloqueó una asignación de 20 millones de dólares destinada a la producción y difusión de ese material.

Los comerciales en cuestión combinaban elogios al presidente con críticas a sus opositores políticos y referencias a acciones militares recientes, entre ellas el arresto del exmandatario venezolano Nicolás Maduro y la guerra contra Irán. Ante la polémica, la Casa Blanca sostuvo que se trata de mensajes de servicio público con carácter educativo, y negó que constituyan propaganda electoral.

Trump salió a defender personalmente el gasto y argumentó que no está haciendo campaña, dado que no es candidato en las próximas elecciones, sino que está, según sus propias palabras, promoviendo al país.