Pedro Sánchez anunció la convocatoria electoral desde las escalinatas de La Moncloa, escenario reservado para comunicados de alto impacto institucional. En una intervención de diez minutos, el presidente del Gobierno español repasó los logros de su gestión, cuestionó al Partido Popular y se posicionó frente a referentes internacionales como Donald Trump y Javier Milei, antes de pedir el voto para el socialismo.

La decisión no fue apresurada. Tras el rechazo del Congreso al denominado “decreto Maricarmen” —un paquete de medidas para afrontar la crisis habitacional—, Sánchez realizó una ronda de consultas con su equipo y aliados durante el fin de semana. Una vez evaluados los distintos escenarios, comunicó la convocatoria al rey Felipe VI.

Desde el socialismo consideran que, pese a que el PP aparece como favorito, este es el momento más favorable para ir a las urnas. La crisis de vivienda, que derivó en protestas y un acampe en la Puerta del Sol de Madrid, podría ser el factor de movilización que el oficialismo estaba esperando. El PSOE confía en que una mayoría de españoles respalda la intervención del Estado en el mercado inmobiliario, más allá de las diferencias ideológicas.

Sánchez llegó al poder en 2018 mediante una moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy. Desde entonces enfrentó dos elecciones generales; esta será su tercera candidatura como máximo referente del socialismo español.

Más de 158 millones de brasileños estuvieron habilitados para votar este domingo en unas elecciones marcadas por la polarización y la atención de Washington sobre el rumbo ideológico de la región. La abstención rondó el 21%, en línea con las primeras vueltas de 2018 y 2022, y alrededor del 8% de los votos se distribuyó entre candidatos menores, en un clima de fuerte desencanto.

El candidato del PL arrancó el conteo con un impulso que le permitió ilusionarse con una victoria en primera vuelta, pero el ingreso de los votos del nordeste —bastión de Lula— terminó por confirmar el balotaje. La gran mayoría de las encuestas volvió a fallar: aunque todas anticipaban una segunda vuelta, solo la consultora Gerp había ubicado a Bolsonaro en el primer lugar.

El balotaje, previsto para el 25, repetirá el esquema de 2022: Lula, de 80 años, siete veces candidato y tres veces presidente, enfrentará a un Bolsonaro. Esta vez, al senador ungido por su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado. El panorama para Lula se presenta cuesta arriba: la mayoría de los candidatos presidenciales menores son de tendencia conservadora, lo que podría beneficiar a su rival en la redistribución de votos.

Entre los candidatos que quedaron fuera de la segunda vuelta figuran Augusto Cury (Avante) con el 2,9%, Renan Santos (Misión) con el 2,25% y Ronaldo Caiado (PSD) con el 2,20%, mientras que el resto no superó el 0,3% de los sufragios.

El Gobierno nacional canceló el proyecto Atucha III, que iba a ser la cuarta central nuclear del país e impulsado por la administración anterior con tecnología y financiamiento mayoritario de China. La decisión se formalizó en una asamblea de accionistas de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) realizada el 23 de septiembre.

En esa misma reunión, los accionistas dejaron sin efecto los proyectos Candu y Hualong, encomendados a la empresa en junio de 2021, argumentando “falta de asignación de recursos económicos e imposibilidad material de cumplimiento”, en el marco de la emergencia pública establecida por la Ley 27.742.

En paralelo, la asamblea declaró de “interés empresarial” una licitación pública para instalar un reactor financiado íntegramente por capitales privados sobre 12 hectáreas del predio reservado para la central. El esquema prevé otorgar un derecho real de superficie sobre esa porción del terreno, con la posibilidad de que Nucleoeléctrica quede a cargo de la operación y el mantenimiento de la planta.

El monto y las características del proyecto coinciden con el reactor modular ACR-300 de Meitner Energy, presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, como una inversión vinculada al denominado Super RIGI. La autorización para licitar, no obstante, no implica aún una adjudicación.