El Poder Ejecutivo nacional envió al Congreso un proyecto de ley que apunta a recrudecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en el entorno de las Islas Malvinas sin autorización del Estado argentino. La iniciativa no se limita al sector hidrocarburífero: alcanza a toda actividad vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, renovables o no, que se desarrolle sin la correspondiente habilitación de una autoridad argentina.

El régimen sancionatorio prevé multas que van de 4.000 a 500.000 unidades, suspensión o cancelación de habilitaciones e inhabilitación de entre cinco y veinte años para empresas y personas jurídicas. En los casos más graves —prospección o exploración de recursos no renovables en el lecho o subsuelo del mar territorial argentino o en la Plataforma Continental— las penas de prisión pueden llegar a los 20 años.

El proyecto también crea el Sistema de Seguridad Nacional, un marco institucional destinado a articular las funciones estatales en materia diplomática, económica, cibernética, de defensa, jurídica y de inteligencia. Como órgano rector de ese sistema se establece un Consejo de Seguridad Nacional, cuya existencia había sido anticipada por el propio presidente Javier Milei.

El Consejo estará presidido por el Presidente de la Nación e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la titular de la Secretaría Legal y Técnica.

El embajador chino Wang Wei reafirmó este martes el apoyo de su país a la posición argentina sobre la soberanía de las islas Malvinas. Lo hizo durante la recepción por el 77° aniversario de la fundación de la República Popular China, donde estuvieron presentes el canciller Pablo Quirno y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

El funcionario también ratificó el rol de China como segundo socio comercial de la Argentina, primer destinatario de sus exportaciones agroindustriales e importante fuente de inversiones para el país.

El respaldo llegó en un momento de creciente debate internacional sobre la cuestión Malvinas. El presidente estadounidense Donald Trump declaró que no descarta revisar la posición de neutralidad de su país sobre la soberanía del archipiélago y afirmó que no acudiría en ayuda del Reino Unido ante un eventual conflicto con la Argentina. Hasta ahora, Estados Unidos reconoce que el Reino Unido administra de facto las islas, sin pronunciarse sobre su soberanía.

Las declaraciones de Trump generaron una respuesta concreta del gobierno de Javier Milei, que emitió una cadena nacional para anunciar sanciones a empresas petroleras que operen en la zona, la construcción de una base en Tierra del Fuego y el envío de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El mandatario estadounidense también se ofreció como mediador entre ambos países, y desde Irlanda señaló que está dispuesto a intervenir ante lo que calificó como un “potencial desastre”.

El Gobierno argentino presentó el proyecto de presupuesto para 2027 con una proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto del 4 por ciento. Las cifras también contemplan una inflación promedio del 21,1 por ciento y un incremento del salario promedio del 25,4 por ciento, según informó la Presidencia en un comunicado oficial.

Las proyecciones fueron expuestas por el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de una reunión de funcionarios del Ejecutivo denominada “Mesa Política”, celebrada en la Casa Rosada. En ese encuentro también se analizó la agenda legislativa y el tratamiento de distintos proyectos en el Congreso.

En materia fiscal, el presupuesto prevé un resultado positivo para 2027 incluyendo el pago de compromisos financieros, lo que implicaría cuatro años consecutivos de superávit financiero de cumplirse las previsiones oficiales. En comercio exterior, se proyectan exportaciones de bienes y servicios por más de 130.000 millones de dólares y un saldo comercial favorable superior a los 15.000 millones de dólares.

El proyecto estima además un tipo de cambio promedio anual de 1.728 pesos por dólar, cifra que el Gobierno aclaró que no constituye una predicción sobre la evolución de la moneda, sino que surge de un cálculo basado en el tipo de cambio actual y la inflación estimada.