El Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional registró en agosto un avance del 1,7%, el menor ritmo de suba desde junio de 2025. Sin embargo, el comportamiento fue dispar en el interior del país: de las diez provincias que cuentan con medición propia, seis superaron ese porcentaje, según un informe de la consultora Politikon Chaco.

Neuquén encabezó las subas provinciales con un 2,3%, seguida por Río Negro con 2,1% y Chaco con 1,9%. Santa Fe, Tucumán y Córdoba también quedaron por encima del promedio nacional, con incrementos del 1,8% en cada caso. Los aumentos en tarifas y educación fueron los principales factores que traccionaron los precios en el interior.

Ciudad de Buenos Aires, Jujuy y San Luis igualaron el dato nacional con 1,7%. Mendoza fue la única provincia que se ubicó por debajo del promedio, cerrando agosto con una suba del 1,5%.

El informe también retoma las críticas al sistema de medición del INDEC. La consultora Equilibra sostuvo que, de aplicarse criterios distintos, el índice nacional habría arrojado un número mayor para el mes de agosto.

El oficialismo atraviesa una serie de contratiempos legislativos en torno a la política de discapacidad, un tema que genera roces con sus propios aliados: sectores de Pro, la UCR y gobernadores que habitualmente acompañan al gobierno nacional vienen desmarcándose de la postura oficial.

Esta semana, en la Cámara de Diputados, la oposición impulsó una sesión para avanzar con una prórroga de la emergencia en discapacidad y proyectos para aliviar el endeudamiento familiar. El oficialismo intentó primero desactivar la sesión abriendo el debate en comisiones y luego presionando a aliados y gobernadores para que no dieran quórum. Ante la inminencia de una derrota, los libertarios terminaron acompañando los emplazamientos impulsados por la oposición. Desde La Libertad Avanza calificaron la movida de “brillante”, al sostener que lograron imponer el cronograma que habían promovido originalmente y excluir del debate los proyectos con costo fiscal.

No es la primera vez que el Gobierno queda en minoría en este tema. La emergencia en discapacidad fue aprobada el año pasado en Diputados con 148 votos y sancionada en el Senado con 55 afirmativos, sin votos en contra y con los libertarios ausentes. Tras el veto de Milei, las mayorías se ampliaron: Diputados insistió con 172 avales y el Senado rechazó el veto con 63 votos contra siete.

El asunto también tiene repercusión fuera del Congreso. La Iglesia Católica puso el foco sobre el sector: el itinerario del Papa León XIV en noviembre contempla una visita al Cottolengo Don Orione, en el conurbano bonaerense. El Arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, se refirió a las personas con discapacidad y sostuvo que “nadie es descartable”.

Santiago Muzio, abogado franco-argentino designado por el gobierno de Javier Milei en 2024, dejará la dirección de la Casa Argentina en París. Su gestión estuvo marcada por reiteradas polémicas: el retiro de placas en homenaje a los desaparecidos de la última dictadura, la expulsión de residentes y la realización de reuniones vinculadas con sectores de extrema derecha. El Ayuntamiento de París llegó a solicitar formalmente a la Cancillería francesa que investigara su administración.

Para cubrir el cargo, el Gobierno argentino oficializará en las próximas horas la designación de Alfredo Soto, abogado de Rosario.

La Casa Argentina funciona dentro de la Cité Internationale Universitaire de París, un campus que recibe anualmente a unos 12.000 estudiantes, investigadores y artistas de 150 nacionalidades. Inaugurada en 1928, la institución depende directamente del Ministerio de Capital Humano argentino y opera con autonomía respecto de las autoridades de la Cité Universitaire.

Entre los episodios más cuestionados de su gestión figura el retiro, durante obras de remodelación a principios de este año, de dos placas conmemorativas de las víctimas de la última dictadura argentina. La medida generó el rechazo de residentes y organizaciones de derechos humanos, y motivó un reclamo público de escritores, intelectuales y académicos argentinos. Muzio también se negó a firmar la Carta de Valores de la Cité Universitaire, que establece principios de igualdad y no discriminación por género y orientación sexual.