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Lo condenaron a 13 años y 6 meses de cárcel por ingresar armado a una escuela y atacar a su ex

El hecho sucedió el 25 de octubre del año pasado en la Escuela Técnica Nº37 “Ingeniero Germán Avé Lallemant”, en Juana Koslay. Juan Dardo Marín, ahora condenado, tiene 41 años.

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Hoy el Colegio de Jueces de la ciudad de San Luis, por unanimidad, aplicó la pena de 13 años y 6 meses de prisión para Juan Dardo Marín, el hombre de 41 años que ingresó armado a una escuela de Juana Koslay y atacó a Cintia Ortegas, su expareja, según señaló la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional del Poder Judicial. 

“Como se trató de un debate bajo la figura de ‘juicio de cesura’, el mismo tribunal, el pasado viernes, había declarado la culpabilidad del hombre por los delitos de ‘Homicidio triplemente calificado en grado de tentativa en concurso real con el delito de desobediencia a una orden judicial’. Ahora restaba conocer el monto de la pena”, detalló la fuente.

“En este tipo de juicios de cesura se habilita la posibilidad de que el debate oral y público se desarrolle en dos etapas y es a petición de las partes. En la primera fase lo que se debate es la existencia del hecho, la responsabilidad del acusado y se define la calificación jurídica. En la segunda instancia, se determina la pena en razón de la responsabilidad que se le fuera impuesta en la primera fase”, explicó.  

El tribunal estuvo integrado por Fernando De Viana (presidente), Hugo Saá Petrino y José Luis Flores. Como Fiscal de Juicio actuó Virginia Palacios, por la querella María Elena Aparicio, y por la Defensa, Esteban Sala.

El hecho

Marín, de 41 años, fue arrestado el 25 de octubre del año pasado en la Escuela Técnica Nº37 “Ingeniero Germán Avé Lallemant”. En ese lugar trabajaba como docente su expareja.

Según la acusación fiscal ese día la víctima llegó al establecimiento alrededor de las 14:45 y detrás de ella lo hizo Marín. Sobre él pesaba una orden de restricción de acercamiento, emitida por un juzgado de Familia.

Al momento de ingresar a la escuela Marín llevaba una mochila negra de donde sacó un revólver caibre 38. Se lo exhibió a su expareja y la mujer corrió hasta la Regencia, donde estaba Durán. Allí ambos intentaron cerrar la puerta para resguardarse.

Marín luego de forcejear realizó disparos hacia la puerta, fueron dos detonaciones que quedaron alojadas allí mismo. Hubo un tercer disparo que impactó en la rodilla de la mujer.

Mientras pedían auxilio al 911 Marín amenazó con quitarse la vida de un disparo. Finalmente agentes policiales llegaron de inmediato a la escuela y lograron que desistiera y reducirlo.

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Suspendieron el debate oral por el crimen de Diego Gatica

Es por la nueva hipótesis que introdujo Rafael Berruezo, abogado de la mamá de la víctima. Su idea es agravar las penas.

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A cinco días del comienzo del que quizá iba a ser uno de los juicios más relevantes del año, la causa por el homicidio del oficial de policía Diego Gatica tuvo un revés. Rafael Berruezo, abogado de la mamá de la víctima, pidió la suspensión del debate oral y que la causa vuelva a la etapa de instrucción para probar una nueva hipótesis: que parte de los jóvenes que mataron a Diego lo conocían, hecho que agravaría considerablemente la acusación contra al menos parte de los involucrados.

El inicio del plenario estaba previsto para este viernes 3 de noviembre y ayer debía celebrarse la audiencia de preparación del mismo, pero ambas fueron canceladas por la presentación que Berruezo hizo ante la Dirección del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción.

“Queremos acreditar que parte de los imputados sabían que esa persona que pasó por ahí era policía. Que en el momento de atacarlo ya sabían que era policía”, sostuvo el letrado. “Esto no consta en la causa, por eso hemos visto la necesidad de ofrecer una batería de informes para acreditar estos extremos, porque obviamente cambia ostensiblemente la calificación del hecho”, agregó.

Hasta mediados de este año, Carina Ledesma, la mamá de Diego, estuvo asistida por el abogado Marcelo Escudero Gauna, pero la mujer decidió cambiar la defensa incluso cuando el expediente ya había sido elevado a juicio.

“De la lectura de la causa más algunas charlas con la madre de Gatica y algunas otras personas surgió la hipótesis clara de que Diego era conocido por parte del grupo que lo mata”, explicó Berruezo. Mencionó, por ejemplo, que Diego, quien ostentaba la jerarquía de oficial ayudante, participó de procedimientos que tenía como denunciado a Lautaro Cruz, uno de los acusados por su muerte.

También confía en probar que los imputados ubicaban a la víctima porque prestó horas extras e hizo servicios en la zona en la que se movían, en un radio que tenía como epicentro el barrio Tibiletti. Por eso requirió en el documento de pedido de suspensión del debate que se le solicite documentación al Ministerio de Seguridad y a la Jefatura Central de Policía para que informe sobre las guardias que prestó en el ex Hospital San Luis y en una casilla policial de Edesal que estaba frente a la estación Ediro.

Cámaras y testimonios

La solicitud también incluye el pedido de videos de seguridad de cámaras situadas sobre la avenida Eva Perón, en el tramo en el que ocurrió el hecho; informes al Centro de Monitoreo de Patentes; el peritaje al teléfono celular de la víctima; la reconstrucción del hecho y la declaración de testigos, “sobre todo una muy importante, de un sobrino de la señora Ledesma que pasó por el lugar unos minutos antes que Diego y vio a este grupo de chicos”, especificó Berruezo.

Tras la presentación el expediente volvería a la etapa de investigación, es decir, a la Fiscalía de Instrucción 4, a cargo de María del Valle Durán. “Se ordenó que vuelva al fiscal que instruyó la causa para que produzca estas pruebas. Justamente lo pedimos así para garantizar el derecho de defensa y que los defensores puedan controlar la producción de esta prueba” y la causa suba nuevamente a juicio y “en su defecto, de probarse la hipótesis nuestra tendrá que hacerse una nueva acusación”, cerró el letrado.

Lautaro Cruz, Alexis Cuello Morán y Maycol Bustos eran los únicos partícipes del hecho que se sentarían este viernes para responder por el homicidio, en un tribunal que iba a estar integrado por los jueces José Luis Flores, Fernando de Viana y Hugo Saá Petrino.

Para el primero Durán solicitó una pena a 25 años de prisión por el delito de homicidio en ocasión de robo agravado por la participación de menores; a Bustos y Cuello los acusó como partícipes secundarios del delito de homicidio en ocasión de robo y pidió 5 y 8 años de prisión, respectivamente.

Fuente: El Diario de la República

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Secuestraron marihuana valuada en 50 millones de pesos

La División de Lucha contra el Narcotráfico detectó 38.100 dosis que transportaban dos personas en un taxi. El operativo se realizó en la EDIRO.

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Un taxi llegó a la Estación de Interconexión Regional de Ómnibus, (EDIRO). Parecía una postal más cotidiana de las que se viven en esa zona. Pero el Departamento Canes Detectores de Estupefacientes y la División Lucha Contra el Narcotráfico tenían un dato certero: en ese Fiat Cronos no venían dos pasajeros normales. La pareja transportaba 38.100 dosis de marihuana que a la venta se comercializarían en 50 millones de pesos.

El operativo fue realizado este martes por la tarde en el estacionamiento del subsuelo de la EDIRO. La Policía demoró a un hombre, que estaba en el asiento del conductor (de 32 años), y a una mujer (39) que estaba en el asiento trasero del lado derecho. Finalmente ella fue detenida y puesta a disposición de la Justicia.

El informe difundido por Lucha contra el Narcotráfico especificó que detectaron un envoltorio de nylon de color negro, doblado sus extremos y recubierto con cinta adhesiva transparente, de forma prismática, que contenía en su interior una caja de material cartón y de color marrón.

Dentro, encontraron trece envoltorios que se encontraban recubiertos con cinta de empaque de color marrón, elementos denominados en la jerga callejera como ladrillos. El hombre y el rodado quedaron en libertad.

Fuente: El Diario de la República

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Joven acusada por homicidio dice que su pareja ardió por accidente

Yris Garay le dio esa versión a su abogado y se la contaría al juez en los próximos días. Sigue presa en una comisaría.

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Es inminente que antes del domingo, día en que vence la prórroga de su detención, Yris Noelia Garay Arange se siente ante el juez Ariel Parrillis y el fiscal Esteban Roche para dar su versión de lo que ocurrió la noche del martes de la semana pasada, cuando su pareja, Brandon Bustos, sufrió quemaduras en el 55% del cuerpo que terminaron cobrándose su vida. La joven de 22 años sostiene que nunca tuvo intenciones de matar al padre de su hijo, que este ardió en llamas por un accidente y que previo al hecho, él la había agredido físicamente, como tantas otras veces. Sus nuevos abogados solicitaron una batería de medidas para sostener ese relato.

Garay fue detenida el miércoles a la siesta por personal de la División Homicidios, que investiga el caso junto a Roche. Al día siguiente, fue conducida a una audiencia de formulación de cargos en la que el fiscal pidió imputarle el delito de “Homicidio doblemente calificado por el vínculo y ensañamiento”, que prevé una pena a prisión perpetua. Ella, quien fue asistida por la defensora oficial penal Nadia Agúndez, prefirió no hablar, pero este lunes nombró nuevos abogados y ahora “está desesperada por declarar, por contar su historia y ser escuchada”, comentó el letrado Esteban Bustos.

Tras mantener una breve entrevista la noche del domingo, el defensor volvió a reunirse con Garay anteayer y esta se explayó con detalles sobre lo ocurrido. “Me manifestó que todo inició a raíz de un ‘me gusta’, de una reacción que ella le hizo a la foto de estado de una persona, de otro joven. Dijo que el causante (Bustos) era muy celoso, que vio lo que hizo en las redes, que le hizo una captura de pantalla a su reacción y que se la envió a su teléfono. Y eso no lo digo yo, está en el teléfono. Le mandó la captura y le puso textualmente: “¿Querés jugar? Bueno, ahora sí vamos a jugar”, relató el defensor.

La sospechosa asegura que ella y la víctima, con quien tiene un hijo en común de un año y dos meses, no convivían, sino que ella residía en la casa de su abuela, en la parte delantera de la casa 5, manzana J del barrio 1º de Mayo, y que Bustos lo hacía en un departamento trasero en el mismo predio.

El mismo martes, pero a la noche, él comenzó a agredirla físicamente y cuando ella quiso retirarse en una moto Honda 150, que asegura es suya, “él le dijo: ‘No te vas a ningún lado… es más, sacá la nafta, porque la pagué yo’, entonces ella conectó unas mangueras y se puso a llenar una botella con el combustible. Después, nuevamente comenzaron los episodios de violencia y mi defendida, quien tenía la botella en la mano, recibió una patada en el brazo, entre el codo y el hombro. Esa patada hizo volar el recipiente y no solo lo roció a él, sino que a mi defendida también, en los puños, las mangas y sus manos”, explicó el letrado.

No hubo dolo

Esa secuencia habría ocurrido dentro del departamento, pero cuando la pareja continuó la discusión en el patio, el joven comenzó a manipular un encendedor, como amenazándola, y “en esas agresiones y chispazos, él se incendió”. Al verlo en llamas, Garay corrió a buscar una olla con agua e intentó apagar el fuego, hasta que fue ayudada por uno de sus tíos, que fue quien trasladó al herido al hospital, comentó el defensor.

“Les creo en su totalidad, en un 100 por 100, a las manifestaciones que mi defendida me hace, porque son muy creíbles. Cuando la escuché y volví a escuchar, jamás cambió ningún detalle y el suyo es un relato lógico y coherente. Lo que discuto en virtud a mi teoría del caso es que acá no hubo dolo. Mi defendida no quiso matar a nadie y explico por qué, doy los fundamentos y mis razones, y vamos a aportar prueba que dé cuenta de eso”, sostuvo Bustos.

Violentada

Bustos y los codefensores Maximiliano Correa Fernández y Claudio Pérez Calderón también apuntan a demostrar que Garay era víctima de violencia de género, a pesar de que Roche presentó como prueba un informe policial que refiere que no había denuncias por problemas familiares de ninguna de las partes.

“Mi defendida venía sufriendo torturas constantes por episodios de celos”, aseveró y dijo que tienen varios testimonios que dan cuenta de eso, y pedirán que se agreguen al expediente. El equipo defensista también presentó escritos para que se realice una encuesta socioambiental en el domicilio de la imputada, para pedir informes al Ministerio de Seguridad y para incorporar el testimonio de médicos que habrían revisado a Garay en otras ocasiones en las que resultó lastimada por agresiones de Bustos.

Fuente: El Diario de la República

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