La Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) con 144 votos afirmativos. El oficialismo logró el número necesario con el respaldo de bloques aliados y el proyecto avanza ahora hacia la Cámara alta.

El presidente Javier Milei celebró el resultado a través de sus redes sociales y agradeció el acompañamiento de los legisladores. En su mensaje, encuadró la iniciativa como una de las piezas centrales de la estrategia económica del Gobierno para combatir la inflación.

Tras la votación, Milei anticipó el próximo desafío: conseguir los votos en el Senado para completar el proceso legislativo.

El gobierno de Donald Trump suspendió temporalmente las citas para visados de inmigrante en todas las embajadas y consulados del mundo. El Departamento de Estado informó que se puso en marcha una iniciativa de formación a escala global, por lo que los turnos para servicios de visados quedarán sujetos a este nuevo marco, sin precisar plazos ni detalles sobre el programa.

La medida se enmarca en la campaña de represión migratoria de la administración Trump, que incluye deportaciones, revocaciones y rechazos de visados bajo causales como opiniones políticas o participación en protestas a favor de Palestina. El objetivo declarado por el gobierno es mejorar la seguridad nacional, aunque la campaña acumuló algunos reveses judiciales: un juez estadounidense anuló una política que suspendía la expedición de visados a solicitantes de 75 países, al considerar que excedía la autoridad legal del secretario de Estado, Marco Rubio.

Según el Departamento de Estado, la finalidad de la iniciativa de formación es ayudar a los funcionarios consulares a descartar solicitantes considerados como posibles dependientes de las prestaciones públicas estadounidenses, bajo un criterio de evaluación que el organismo definió como “exhaustiva y coherente”. No se informaron fechas de inicio ni de finalización del programa.

Grupos de derechos humanos calificaron estas medidas como discriminatorias y contrarias a la libertad de expresión y al derecho a un proceso justo.

El canciller Roberto Velasco Álvarez informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó 20 denuncias en Estados Unidos vinculadas a muertes de ciudadanos mexicanos: ocho ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condado. Las gestiones forman parte de las acciones del gobierno para esclarecer las circunstancias de los fallecimientos y acompañar a las familias afectadas.

Hasta el momento, cuatro fiscalías respondieron sobre los casos. En Florida, el ICE determinó que uno de los casos fue un suicidio, conclusión con la que coincidió la fiscalía local, que descartó abrir una investigación adicional. Las fiscalías de los condados de Ventura (California), Cook (Illinois) y Harris (Texas) informaron que evaluarán posibles acciones legales. Las 16 denuncias restantes permanecen bajo seguimiento.

De forma paralela, la Fiscalía General de la República presentó, a través de la Embajada mexicana en Washington, una denuncia ante el Departamento de Justicia solicitando una investigación federal. La SRE también mantuvo contacto con autoridades migratorias estadounidenses y planteó preocupaciones sobre las condiciones en los centros de detención.

En el plano internacional, Velasco Álvarez indicó que envió una carta al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien acusó recibo y transmitió la situación al Consejo de Derechos Humanos para monitorear las condiciones de detención. El gobierno mexicano destinó además US$24.788 de fondos públicos para la repatriación de restos de los migrantes fallecidos, y financia mediante el Programa de Asesorías Legales Externas la representación jurídica de tres familias vinculadas a casos del centro de detención de Adelanto, California.