El Senado sancionó el proyecto de Inocencia Fiscal II con 44 votos a favor, aportados por el oficialismo y los bloques de oposición dialoguista, y 23 en contra, todos del bloque kirchnerista. La iniciativa había sido aprobada por la Cámara de Diputados a fines de agosto y es impulsada por el Poder Ejecutivo. Entre las modificaciones incorporadas en Diputados figura la prohibición expresa de que funcionarios públicos puedan acceder al régimen simplificado de Ganancias.

El jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans, cuestionó la norma y sostuvo que está pensada para beneficiar al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, quien enfrenta una investigación judicial por enriquecimiento ilícito. “Esta es la ley Adorni, es para la hermana, para el Presidente; esta ley es para los que evadieron”, afirmó el senador formoseño, y agregó que la aprobación acelerada de la ley buscaría favorecer al exfuncionario.

La jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, rechazó esas acusaciones y defendió la iniciativa al describirla como un sistema que distingue el fraude de los errores formales en las declaraciones juradas. Además, insistió en que ni el Presidente ni ningún funcionario ni los propios legisladores podrán hacer uso del mecanismo.

En paralelo, la sesión también tenía previsto el debate de un proyecto de modificación al régimen de biocombustibles, aunque persisten dudas sobre si el oficialismo cuenta con los votos suficientes para aprobarlo, lo que pone en riesgo su tratamiento.

Rafael Grossi, director general del OIEA, llega al tercer sondeo para la Secretaría General de la ONU en la tercera posición, con siete apoyos y un crecimiento sostenido de los votos en contra. En vísperas de la nueva consulta, el funcionario publicó una columna en The Economist donde planteó su visión para reformar el organismo. “Eso significará hacer menos, mejor”, escribió, apuntando a décadas de expansión de mandatos sin resultados suficientes.

En el primer sondeo, realizado el 30 de julio, Grossi había obtenido siete respaldos, dos negativos y seis sin opinión, ubicándose tercero detrás de la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan —que lideraba con diez apoyos— y la excanciller guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, con nueve. En la segunda ronda, el 21 de agosto, ningún candidato alcanzó los nueve votos necesarios para avanzar con claridad.

En esa instancia, Rodrigues-Birkett pasó al primer lugar con ocho apoyos y tres rechazos, mientras Grynspan cayó a siete respaldos con cuatro votos en contra. Grossi mantuvo sus siete positivos, pero sus negativos treparon a seis, consolidando su tercer lugar. Los sondeos no equivalen a una elección formal ni permiten identificar posibles vetos de las cinco potencias permanentes.

La decisión final está prevista para después de mediados de septiembre, aunque sin fecha definida. El candidato que reúna al menos nueve votos favorables y ningún veto de Estados Unidos, Francia, China, Rusia y el Reino Unido será recomendado a la Asamblea General, donde los 193 Estados miembros tienen derecho a voto.

El Poder Ejecutivo nacional envió al Congreso un proyecto de ley que apunta a recrudecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en el entorno de las Islas Malvinas sin autorización del Estado argentino. La iniciativa no se limita al sector hidrocarburífero: alcanza a toda actividad vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, renovables o no, que se desarrolle sin la correspondiente habilitación de una autoridad argentina.

El régimen sancionatorio prevé multas que van de 4.000 a 500.000 unidades, suspensión o cancelación de habilitaciones e inhabilitación de entre cinco y veinte años para empresas y personas jurídicas. En los casos más graves —prospección o exploración de recursos no renovables en el lecho o subsuelo del mar territorial argentino o en la Plataforma Continental— las penas de prisión pueden llegar a los 20 años.

El proyecto también crea el Sistema de Seguridad Nacional, un marco institucional destinado a articular las funciones estatales en materia diplomática, económica, cibernética, de defensa, jurídica y de inteligencia. Como órgano rector de ese sistema se establece un Consejo de Seguridad Nacional, cuya existencia había sido anticipada por el propio presidente Javier Milei.

El Consejo estará presidido por el Presidente de la Nación e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la titular de la Secretaría Legal y Técnica.