Nacional
El Gobierno cambió el subsidio a colectivos a GNC y reavivó el conflicto empresarial
La resolución 83 de la Secretaría de Transporte reemplaza un premio fijo del 30% por una tarifa teórica según el costo por kilómetro de cada tecnología.
La Secretaría de Transporte emitió la resolución 83, firmada por Mariano Plencovich, que modifica el esquema de subsidios para colectivos a gas natural comprimido (GNC) en líneas nacionales —aquellas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano—. Hasta ahora, esas unidades recibían un plus del 30% sobre la tarifa base con la que se calcula el subsidio, lo que equivalía a unos 3,6 millones de pesos adicionales por mes por cada colectivo. La nueva norma, que rige desde la liquidación de octubre, elimina ese premio fijo y lo reemplaza por una tarifa teórica calculada según el costo real por kilómetro de cada tipo de energía.
La medida alcanza a 6855 colectivos del área metropolitana (AMBA), según la estructura de costos aprobada por el propio Gobierno en octubre. Sin embargo, de ese total solo 33 unidades funcionan a GNC y 3 son eléctricas, lo que revela que el conflicto no gira en torno a los vehículos ya en circulación sino a los que estaban proyectados para incorporarse. El esquema que ahora se modifica a nivel nacional había sido copiado de una norma porteña vigente, adoptado primero por Fernando Herrmann cuando estuvo al frente de Transporte y ratificado en mayo de este año.
El origen de la disputa se remonta al Grupo Metropol, que importó 150 colectivos a GNC de manera “temporaria” y comenzó a cobrar el plus establecido. Dado que el monto total a distribuir es un número cerrado, lo que percibían las unidades a gas se descontaba proporcionalmente del subsidio que recibían las líneas con gasoil. Eso generó el rechazo de las empresas medianas —denominadas “clase media” del transporte y propietarias de cerca del 50% del parque— que no pertenecen ni a Metropol ni a DOTA, el otro gran operador del sector con aproximadamente el 40% de los colectivos del AMBA.
El conflicto escaló hasta derivar en causas penales cruzadas entre empresarios, con unos 6500 millones de pesos retenidos en juego y una compensación de 12 millones de pesos mensuales por unidad como telón de fondo. Desde AAETA, la cámara que integra Metropol y que se mostró más crítica ante el cambio, realizaron sus propios cálculos con las planillas oficiales para estimar el impacto de la nueva tarifa teórica, aunque el número oficial no fue publicado por el Gobierno.