Fallo judicial reabre el debate sobre quién puede fijar retenciones

Un fallo judicial volvió a poner sobre la mesa una discusión que parecía saldada hace casi dos décadas: ¿puede el Poder Ejecutivo modificar los derechos de exportación sin respaldo legislativo? El caso tiene como punto de partida las resoluciones que el Ejecutivo dictó en 2007 y 2008, entre ellas la célebre resolución 125, que estableció retenciones móviles y desató un conflicto profundo entre el sector agropecuario y el Gobierno.

La empresa Louis Dreyfus Company cuestionó los montos abonados bajo esas disposiciones, argumentando que los incrementos carecían del aval del Congreso. En mayo de 2025, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al planteo y ordenó la devolución de las diferencias reclamadas, con intereses. El argumento de fondo es que los derechos de exportación son tributos y, como tales, deben ser establecidos por el Poder Legislativo. El Ejecutivo puede ejercer las facultades que la ley le delegue, pero no reemplazar sin límites la decisión del Congreso.

La Aduana llevó el caso a la Corte Suprema, que el 5 de noviembre de 2026 rechazó el recurso mediante una decisión procesal. Con ese rechazo, quedó firme la sentencia de Cámara. Es relevante aclarar que el máximo tribunal no elaboró nueva doctrina sobre retenciones ni revisó el fondo del asunto: la interpretación sustantiva es la del fallo de Cámara, ahora firme para este caso.

El resultado tiene implicancias más allá del litigio puntual. Las retenciones inciden en el precio que recibe el productor, ya que su costo se incorpora a la cadena y repercute en distintos eslabones antes de llegar al campo. En un sector donde las decisiones de inversión se toman con meses o años de anticipación, la previsibilidad sobre quién puede modificar una alícuota, con qué fundamento y por cuánto tiempo, forma parte de la ecuación económica tanto como el valor del grano.