Argentina pidió ante tribunal internacional suspender explotación petrolera en Malvinas

La delegación argentina ante el Tribunal del Mar, encabezada por la secretaria Legal y Técnica María Ibarzábal, solicitó la suspensión de las actividades petroleras del proyecto Sea Lion en la cuenca norte de las islas Malvinas. La presentación estuvo a cargo de la consejería legal internacional de la Cancillería, que lidera Mario Oyarzábal. Los representantes argentinos argumentaron que existe una controversia de soberanía vigente y que, por lo tanto, la explotación de recursos naturales en esa zona no tiene sustento legal.

Además de la suspensión, Argentina pidió que las empresas involucradas —Rockhopper, de Gran Bretaña, y Navitas, de Israel— no utilicen la información obtenida durante la etapa de exploración, que se proteja el medio marino y que se le impida al Reino Unido tomar medidas que agraven el conflicto. Ibarzábal subrayó el carácter irreversible de la extracción de hidrocarburos, mientras que Oyarzábal advirtió que el plan de contingencia de una de las compañías contempla la posibilidad de que un derrame alcance aguas argentinas no disputadas en un plazo de 30 días, lo que obligaría al país a afrontar consecuencias de una actividad que no autorizó.

Tras un intervalo de dos horas, la delegación británica rechazó los argumentos argentinos. La procuradora general para Inglaterra y Gales, Elie Reeves, sostuvo que las medidas solicitadas por Argentina tendrían consecuencias devastadoras para la economía de las islas y serían perjudiciales para las empresas involucradas. Reeves defendió la explotación de recursos como expresión del derecho a la libre determinación de la población de Malvinas y afirmó que el gobierno argentino ignora ese derecho. Para el martes estaba prevista una nueva exposición ante el tribunal.