La Pampa fue a la Justicia por las regalías de Los Nihuiles

La provincia de La Pampa presentó una acción judicial para que se mantenga de manera provisoria el esquema anterior de distribución de regalías hidroeléctricas del complejo Los Nihuiles, hasta que la cuestión de fondo sea resuelta. Para la provincia, el decreto recientemente derogado por el Poder Ejecutivo Nacional no solo implica una pérdida de recursos sino que modifica de forma unilateral derechos con respaldo jurídico.

El argumento central del reclamo pampeano es que su derecho a percibir regalías no surge únicamente del decreto derogado, sino también de un convenio firmado en 1992 entre el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa, que fue homologado por la propia Corte Suprema de Justicia. Según sostiene la provincia, ese acuerdo generó obligaciones concretas entre las partes respecto del pago de regalías hidroeléctricas, que ninguna de ellas podría modificar de manera unilateral. La presentación remarca además que el Estado Nacional participó de aquel convenio como parte firmante, no como autoridad superior.

La Pampa denuncia un “avasallamiento de las autonomías provinciales” y señala que la medida vulnera principios de buena fe, seguridad jurídica y federalismo de concertación. También advierte que la decisión genera un perjuicio patrimonial directo, al eliminar un ingreso que la provincia percibió durante décadas bajo el régimen anterior.

El gobernador Ziliotto cuestionó públicamente la decisión y amplió el conflicto al marco del histórico diferendo por el río Atuel, vinculando la derogación del decreto con lo que calificó como una nueva afrenta a los derechos provinciales.